Este Decreto-Ley permite la adjudicación por convocatoria pública de los medicamentos.
El Parlamento de Andalucía ha refrendado hoy, con 60 votos a favor, 46 abstenciones y ninguno en contra, el Decreto-Ley de Medidas Urgentes en Farmacia. La cámara ha mostrado así el respaldo al texto que permitirá la adjudicación por convocatoria pública de los medicamentos que se dispensan en las farmacias andaluzas, lo que supone un paso más en la estrategia de principio activo.
La consejera de Salud ha presentado esta iniciativa ante el Parlamento donde ha dicho que se trata de una “medida innovadora que permite ahorrar para invertir en salud”. Además, ha destacado que el nuevo Decreto-Ley es una apuesta clara por la “responsabilidad” y que permite seguir avanzando en las políticas de uso racional del medicamento y “abrir caminos a campos de la eficiencia”.
María Jesús Montero ha señalado que la aprobación de esta norma se enmarca en el “esfuerzo responsable que Andalucía está realizando, junto con el gobierno de España, para garantizar la estabilidad fiscal”. En este caso, el cumplimiento de compromiso se hace ajustando los márgenes sin tocar los derechos de la ciudadanía, en contraposición con otras comunidades donde se está penalizando a pacientes. Montero ha recalcado que “el presidente Griñán ha dado instrucciones para que no se toquen los derechos de los pacientes” y que “no se penalice a los más desfavorecidos” como está haciendo Cataluña con el tique moderador.
Andalucía es referente nacional en políticas de uso racional del medicamento, entre las que se incluye la prescripción por principio activo, un modo de indicación recomendado por la OMS y que supone que los médicos no prescriben la marca comercial del medicamento sino el principio que produce la acción terapéutica. Actualmente, el 88% de las recetas que se emiten en los centros sanitarios son por principio activo.
La comunidad autónoma comenzó a implantar y extender la prescripción por principio activo en 2001 y, desde entonces, esta fórmula junto a otras políticas de uso racional del medicamento han permitido reducir la factura farmacéutica sin menoscabo de la calidad y la eficacia del medicamento y han supuesto un ahorro de 1.000 millones de euros en la última década. La experiencia andaluza ha servido de base a la implantación de este modelo de prescripción por principio activo al conjunto del Sistema Nacional de Salud a través del Real Decreto Ley 9/2011.
La nueva norma establece la selección por convocatoria pública de los medicamentos que se va a entregar en las farmacias andaluzas a los usuarios que acudan con una receta por principio activo. Con esta medida se pretende aprovechar la economía de escala que supone adquirir medicamentos para ocho millones de usuarios y conseguir bonificaciones por parte de la industria farmacéutica que repercutan en la sostenibilidad del sistema sanitario.
Este proceso de selección estará abierto a todas las empresas y laboratorios que comercialicen los medicamentos. En principio, se va a comenzar por tres de los subgrupos terapéuticos más consumidos de los 400 existentes. En concreto, por los protectores gástricos (que suponen una facturación anual de 97,5 millones de euros); las estatinas, usadas para reducir el colesterol (91 millones) y los inhibidores de la agregación plaquetaria, indicados para la prevención de coágulos, disminuir el riesgo de infarto e ictus (47 millones). Las estimaciones apuntan a que la convocatoria pública podrá comenzar su tramitación el mes próximo.
De esta manera, los ciudadanos que utilizan estos fármacos, sobre todo personas mayores, tendrán siempre acceso al mismo medicamento, con el mismo envase y la misma presentación, lo que facilitará su identificación y la adhesión al tratamiento. El fármaco seleccionado será también el más eficiente para el sistema sanitario, puesto que con la misma eficacia, ya que se trata de un único principio activo, ofrece un mejor precio.
El precio de los medicamentos en la convocatoria pública es el precio menor estipulado por el Ministerio y los beneficios para el SSPA se produce a través de las mejoras aportadas por las empresas concurrentes. Esto significa que el colectivo de las oficinas de farmacia no se ve afectado por esta norma dado que el precio es el mismo y los márgenes de beneficio que obtienen con la venta, los mismos que en la actualidad –y que están determinados por Ley–.
El Decreto Ley regula también la prescripción por denominación genérica de los productos sanitarios, que se iniciará con los absorbentes para la incontinencia urinaria.
Fondo de Ayudas
El Decreto incluye también la creación de un Fondo de Ayudas para el mantenimiento de las boticas de pequeños núcleos poblaciones, que ofrecen un servicio público inestimable sin ser rentable en muchos casos. Por este motivo, la Consejería de Salud destinará a este Fondo de Ayudas el 10% de los beneficios que se obtengan de la aplicación de la norma.
Por otro lado, la Consejería de Salud va a extender la factura informativa, que actualmente funciona en 34 hospitales, a las oficinas de farmacia. Los tiques de compra de cada producto detallarán el coste asumido por el sistema sanitario público de Andalucía.
Esta medida se suma a las líneas de actuación puestas en marcha por la Consejería de Salud para garantizar la sostenibilidad de la sanidad pública andaluza, tales como las plataformas provinciales de contratación, que están permitiendo un ahorro de 100 millones de euros anuales; las medidas de ahorro energético, la descentralización que conlleva la gestión clínica.