La formación afirma que si varias consejerías siguen un mismo procedimiento la responsabilidad no es sólo de un consejero, por lo que la eleva al presidente de la Junta.
El secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, ha anunciado esta mañana que su formación va a registrar en el Parlamento andaluz una solicitud de que se abra Comisión de Investigación con el objetivo de que se someta a debate en la cámara la necesidad de investigar las consecuencias de la extensión a otras consejerías del fraude cometido a través del procedimiento irregular seguido con el «fondo de reptiles».
En rueda de prensa, Sanz indicó que los populares van a solicitar a la juez Alaya que extienda esta investigación a otras consejerías donde podría haberse seguido el mismo procedimiento irregular y, en concreto, ha mencionado la de Medio Ambiente.
Sanz indicó que el auto de la juez Alaya tiene una «enorme» gravedad, ya que demuestra que «no estamos ante un capricho de un director general, ni ante una decisión unipersonal, ni ante un procedimiento de una sola consejería sino que se puede demostrar que estamos ante la sospecha de un modus operandi global en la Junta de Andalucía».
«Si la denuncia del fondo de reptiles es como consecuencia de un procedimiento irregular que la Intervención General de la Junta de Andalucía advierte que es ilegal y se están usando de manera indebida fondos públicos para otorgar subvenciones con un procedimiento irregular…y si, además, se demuestra que eso se hacía en otras consejerías pues a mí me lleva a preguntar dos cosas….¿cuántos Javier Guerrero había en la Junta? y ¿cuántas Sierras Norte existían para la Junta de Andalucía?», preguntó.
Asimismo, explicó que lo grave es que se demuestre que era un modelo para el conjunto del Gobierno andaluz y aseguró que ello tiene una doble consecuencia. Por un lado, que en la Junta se haya podido seguir un modus operandi global en varias consejerías con un procedimiento irregular y por otro, que si varias consejerías siguen un mismo procedimiento la responsabilidad no es sólo de un consejero sino que el PP eleva esta responsabilidad al presidente de la Junta José Antonio Griñán.
Sanz también afirmó que el PP quiere que se evalúe económicamente el impacto del fraude, ya que denuncia que esta extensión a consejerías distintas a las de empleo puede provocar un incremento «espectacular» de éste.