Aprobado el Decreto-ley de aplicación del Impuesto de Patrimonio
El proyecto de Ley de Presupuesto pasará ahora al Parlamento, donde será debatido antes de su aprobación final.
El Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana el proyecto de Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2012, que recoge como principales líneas estratégicas el mantenimiento de los servicios y las prestaciones públicas y el desarrollo de acciones estructurales para reorientar el modelo productivo e impulsar el potencial de crecimiento y el empleo, respetando el proceso de consolidación fiscal.
De acuerdo con estos objetivos, las cuentas autonómicas para el próximo año dan prioridad a la educación como instrumento para favorecer la igualdad de oportunidades y garantizar el crecimiento económico futuro. Los recursos en este ámbito aumentan un 2,5% respecto a 2011. Además, se refuerza el apoyo a las empresas y a la mejora de la empleabilidad de los trabajadores andaluces que han perdido su empleo, además de avanzar en la suficiencia financiera de las corporaciones locales, informa la Junta en nota de prensa.
El proyecto de presupuesto, que será remitido al Parlamento andaluz para su debate y aprobación, cuenta con unos recursos totales de 32.020,1 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,1% respecto a 2011. El volumen inicialmente previsto se ha ajustado en 52,6 millones de euros tras la publicación, el pasado sábado, del Real Decreto 1498/2011, que establece la reversión a la Administración central de las competencias sobre la cuenca del Guadalquivir.
Con el objetivo de preservar los servicios y prestaciones sociales, sin retroceder en su calidad, las políticas sociales acaparan el 83% del gasto. Ello representa un incremento del 1,4% respecto al ejercicio anterior.
La educación será el centro de la política económica en 2012, con 7.615,3 millones de euros (+2,5%). Todo los programas presupuestarios de este área incrementan sus fondos para garantizar la financiación de una red que engloba 4.443 centros no universitarios y más de 1.500.000 alumnos. Destacan los 105 millones para el programa de gratuidad de libros de texto del alumnado de Primaria y Secundaria; los 180,5 millones para becas, y las previsiones de ampliar en 8.216 el número de plazas de guarderías, lo que permitirá alcanzar las 100.000 en el sistema público. Por su parte, las universidades públicas contarán con 1.318,2 millones de euros (crecimiento del 2,5%).
Otra prioridad de las cuentas andaluzas para 2012 es el sistema público de salud, que mantiene su dotación con 9.393,9 millones de euros, lo que representa el 31% del gasto no financiero. Esta dotación garantiza asimismo todos los servicios y prestaciones sin retirar, suspender o abandonar ninguno de los aprobados hasta el momento dentro de una red sanitaria pública de 50 hospitales y 1.517 centros de atención primaria que se viene distinguiendo por su alta calidad asistencial, confirmada por las encuestas de valoración social. Además, la sanidad pública andaluza está a la vanguardia en investigación biomédica, con 27 centros especializados y biobancos.
Dentro de las políticas sociales, la de Atención a la Dependencia, Servicios y Prestaciones Sociales crece hasta los 2.145,7 millones de euros, lo que supone un 3,6% más que en 2011. En esta área destaca la atención a las personas dependientes, con 1.187 millones de euros (+5,9%). Esta cantidad supone un gasto total de 4.155 millones de euros desde la entrada en vigor en 2006 de la ley sobre esta materia, que ha permitido c una amplia red de prestaciones (29.696 plazas residenciales, 24.103 unidades de estancia diurna, 64.539 servicios de ayuda a domicilio y 180.000 personas con teleasistencia).
Fomento del empleo
Junto con el mantenimiento de las prestaciones sociales, el otro gran eje estratégico del presupuesto lo componen las políticas para reorientar el modelo productivo y promover el crecimiento del PIB potencial y el empleo, con medidas de mejora de la competitividad, la investigación, el desarrollo, la innovación, la internacionalización, la modernización de los sectores tradicionales y el impulso a la formación y la empleabilidad.
Entre las partidas dirigidas a estos fines, destaca la relativa a I+D+i, que alcanza los 484,9 millones de euros (un 7,4% más). Dentro de ella, el Programa de Investigación Científica e Innovación acumula un crecimiento medio anual del 10,6% en esta legislatura.
En el ámbito de la internacionalización de la economía andaluza, se consignan 44,5 millones de euros (+2,5%), mientras que el gasto no financiero destinado a desarrollo económico y fomento empresarial aumenta un 24,8% hasta alcanzar los 194,9 millones. De igual modo se incrementan los fondos de apoyo a la modernización de los sectores tradicionales, con una subida del 7,4% en los recursos para la producción agrícola, ganadera y agroindustrial (428,7 millones).
La prioridad concedida al empleo se concreta en los 1.322,2 millones de euros pre-supuestados, un 1% más que en 2011. Para mejorar la empleabilidad y la reactivación económica, en 2012 se desarrollarán acciones específicas como el Plan de Oportunidades Laborales de Andalucía (Plan OLA), dotado con 200 millones de euros; la Acción Especial de Apoyo a la Actividad Empresarial, con 250 millones para respaldar inversiones productivas y de mejora de la competitividad y la cuota de mercado en las empresas andaluzas, y el Plan Encamina2 de infraestructuras rurales, con 94,4 millones.
Otras partidas destacadas para la reactivación del empleo y el modelo productivo son las relativas a promoción, calidad e innovación turística (94 millones); el programa de cambio climático, prevención y calidad ambiental (80,2) y el de instituciones e industrias culturales (64,3).
Lo más destacado de los gastos del presupuesto se completa con la financiación incondicionada para las corporaciones locales, que se incrementa en un 11,4% hasta los 480 millones de euros. Esta dotación, por participación en los tributos autonómicos, se incrementará durante los próximos ejercicios hasta alcanzar los 600 millones en 2014.
Finalmente, los denominados programas G+, que son los que tienen mayor incidencia en las políticas de igualdad entre hombres y mujeres, suponen este año el 71,3% del presupuesto.
En el detalle del gasto presupuestado, las operaciones no financieras alcanzan los 30.295,4 millones de euros, un 0,2% más que el año anterior. Dentro de estas, las corrientes aumentan un 2,4% para garantizar el mantenimiento de los servicios públicos fundamentales, dado que el 92% de ellas corresponde a políticas sociales.
Por otro lado, y en línea con el esfuerzo de austeridad desarrollado durante los últimos años, el gasto operativo no vinculado a prestación de servicios descenderá en 2012 un 8%, de forma que el ahorro total acumulado desde 2008 alcanzará los 425 millones.
En los capítulos de inversión, la dotación total es de 4.854,6 millones de euros. Con ello, la inversión pública acumulada desde el inicio de la crisis se elevará a 28.476 millones, lo que equivale al 3,8% del PIB medio anual. Entre 2008 y 2011, Andalucía ha concentrado casi la cuarta parte de la inversión acumulada de todas las comunidades.
Junto con ello, el presupuesto también prevé la movilización de 565,6 millones de euros en proyectos de colaboración público-privada y un importe disponible de 926,1 millones de fondos financieros (720,8 millones en fondos ya activos y 205,3 millones adicionales para 2012).
Ingresos
Respecto al estado de ingresos, de la cantidad total presupuestada, 27.031,7 millones de euros corresponden a ingresos no financieros, que experimentan una caída del 3,2% respecto a 2011. Este descenso se compensa con un aumento del 33% en los procedentes de operaciones financieras (4.988,4 millones de euros).
Para la economía andaluza, las previsiones de la Junta de Andalucía apuntan un crecimiento del 1% en el PIB tendencial el próximo año, en tanto que la brecha de producción (‘output gap’) se mantendrá en términos negativos. Estas previsiones se realizan por primera vez con la estimación de la posición cíclica de la economía andaluza, circunstancia motivada por los requerimientos de la Unión Europea y por la reforma de la Constitución Española con la incorporación de un límite de déficit, que obligan a contar con la estimación del PIB potencial como base de cálculo de los saldos estructurales.