Ve en el juez de Familia prevaricación culposa pero le absuelve de prevaricación dolosa. Tendrá que indemnizar con 4.000 euros a la madre del menor.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ya ha emitido sentencia: condena a dos años de inhabilitación al juez de Familia de Sevilla, Francisco Serrano, por prevaricación culposa y tendrá que indemnizar con 4.000 euros a la madre del niño. Le absuelve, no obstante, de prevaricación dolosa.
La sentencia del alto Tribunal andaluz llega después de que Serrano modificase el turno de custodia de un niño de 11 años para garantizar su salida como paje en una cofradía de la Madrugá sevillana bajo la autorización de su padre y sin consultarlo con la madre del menor.
El Tribunal incide en la sentencia en que se enjuicia a Serrano “por su exclusiva actuación profesional”, es decir, “si su actuación procesal fue arbitraria o fue ajustada al ordenamiento jurídico”.
Recuerda, asimismo, que la prevaricación consiste en el “abuso de la posición que el derecho otorga al juez con evidente quebranto de sus deberes constitucionales” y “un grave apartamento del derecho en perjuicio de alguna de las partes”, en este caso, de la madre del menor.
No obstante, el TSJA reconoce en su sentencia que la pena a imponer en aplicación del artículo 447 del CP, la inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a seis años “se considera excesiva para sancionar el hecho delictivo y una respuesta penal desproporcionada en atención a la gravedad del hecho en relación con el mal causado”.
De esta forma, el fallo de la sentencia condena a Serrano a “dos años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, si bien se acuerda acudir al Gobierno de la Nación en solicitud de la concesión de indulto parcial para dejar reducida la duración de la pena impuesta a seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público”.
Asimismo, le condena “al pago de las costas procesales (…) así como a que indemnice a la madre del menor en la suma de 4.000 euros”.
Contra la sentencia emitida cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.