A finales de noviembre del pasado año, Salud retiró veinticuatro lotes de los que todavía no ha trascendido en cuántos se ha confirmado el fraude al etiquetarlos como virgen y virgen extra.
La federación de asociaciones de consumidores Facua Andalucía ha denunciado esta mañana que, diez meses después de su retirada del mercado andaluz, la Junta de Andalucía continúa sin hacer públicas las marcas de aceite de oliva que han incurrido en fraude etiquetando como virgen y virgen extra productos de inferior calidad ni las sanciones que le aplicará.
Cabe recordarse que a finales de noviembre de 2010, el Gobierno andaluz retiró veinticuatro lotes de los establecimientos de la Comunidad Autónoma tras una campaña de inspección desarrollada por la Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud en coordinación con la Dirección General de Industria y Calidad Agrolimentaria de la Consejería de Agricultura y Pesca. Pero las marcas sólo se retiraron del mercado andaluz, por lo que el presunto fraude continuó produciéndose en el resto de España.
Es así que Facua le pide al ejecutivo de Griñán que “aclare los motivos de esta demora en concluir los expedientes tras efectuar los contraanálisis solicitados por las marcas y dar a conocer cuáles de las retiradas se ha confirmado que incurrieron en fraude. Los consumidores”, advierte la Federación, “tienen derecho a conocer qué empresas han incurrido en fraude”.
“En diciembre, la consejera de Salud y competente en materia de protección a los consumidores, María Jesús Montero, argumentó que tardaría no menos de cinco a seis meses, ya que los análisis de laboratorio son lentos. Análisis que en realidad se realizan en unas pocas horas de no ser por la falta de medios de la Junta, con sus laboratorios saturados”, advierte la Federación.
“El pasado agosto, la consejera afirmó que la mayoría de las empresas ha podido demostrar que durante el momento del envasado los productos se encontraban en las condiciones que planteaba el etiquetado, apuntando en esos casos a fallos de conservación en las cadenas de transporte o comercialización que habrían provocado la pérdida de cualidades organolépticas en los productos”.
“Sin embargo, Montero no aclaró en cuántas marcas sí se había confirmado el fraude al envasar los productos, cuyos nombres siguen siendo una incógnita diez meses después de su retirada”, insisten los consumidores.
Es por ello que Facua critica que “estos enormes retrasos se enmarcan en la situación de abandono en la que se encuentran las políticas de protección de los consumidores en Andalucía. A ello se suma la grave irresponsabilidad en la que incurrió la Junta de Andalucía en el criterio para la selección de las muestras de aceite de oliva analizadas y el mensaje con que hizo pública la detección de un presunto fraude”.
“Y es que el Gobierno andaluz se dejó guiar por los intereses de patronales empresariales del sector agrario realizando los análisis exclusivamente en las marcas con los precios más bajos”, añade. “Y ello para posteriormente anunciar que había detectado fraude en marcas con precio excepcionalmente bajo o inusualmente bajo respecto al precio habitual de estos productos por la calidad que los mismos tienen, adjetivos que carecen de rigor y obvian que las decisiones sobre los precios de venta al público son fruto de numerosos elementos y no únicamente de la calidad de los productos”.
“La Junta de Andalucía convirtió en sospechosa de fraude a cualquiera de las numerosas marcas con precios bajos. Obviamente, el Ejecutivo autonómico no detectó fraude en marcas con precios superiores porque no analizó ninguna”, concluye.