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Andalucía

El PSOE saca adelante en el Pleno del Parlamento la Ley del Olivar

La norma ha contado con el voto favorable del PSOE, la abstención del PP y el voto en contra de IULV-CA. Aguilera dice que es una “Ley de consenso”.

El Parlamento andaluz ha aprobado la Ley del Olivar, después de ocho meses de debate con las Organizaciones Profesionales Agrarias, la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias (Faeca), representantes de colectivos y entidades, y partidos políticos. Según ha destacado la consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, “la implicación de los agentes de la concertación social durante el proceso de tramitación y debate parlamentario del proyecto de Ley ha hecho posible que esta norma sea hoy una realidad”.

La consejera ha destacado que la nueva Ley, que constituye una norma pionera en Europa, “establece un marco normativo completo y los instrumentos necesarios para afrontar con éxito los retos futuros y consolidar el liderazgo mundial de un sector que produce el 40% del aceite de oliva del mundo y el 20% de la aceituna de mesa, y exporta el 70% del aceite de oliva español y el 21% del aceite de oliva del mundo”.

La Ley del Olivar contribuirá a la modernización permanente de este sector y garantizará más apoyo público a los olivareros que más lo necesitan, en cumplimiento de uno de sus principales fines, que es el reequilibrio de las ayudas que las diferentes administraciones destinan a este sector.

Este cultivo tiene una importancia estratégica para la comunidad autónoma, con una superficie de más de 1,5 millones de hectáreas, que representa el 60% del total nacional y el 30% del europeo, y de cuya actividad dependen en la actualidad más de 250.000 familias en 300 municipios andaluces, generando más de 22 millones de jornales al año y suponiendo en torno al 24% del valor de la producción agraria andaluza. En términos de balanza comercial, las exportaciones andaluzas de aceite de oliva, que representan el 70% de las exportaciones españolas y el 21% de las mundiales, ascendieron en 2010 a más de 580.000 toneladas, con un valor superior a los 1.200 millones de euros.

Tal y como ha explicado Clara Aguilera, se trata de una “Ley de fomento”, porque tiene como principal objetivo regular y promover el desarrollo de todo un sector, haciéndolo más competitivo y reconocido por la sociedad. En ese sentido, con la Ley del Olivar se establece el marco normativo adecuado para impulsar todas las acciones dirigidas a la mejora de la competitividad de la producción olivarera, reorientándola a las necesidades y demandas del mercado y fomentando su calidad y promoción.

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Asimismo, ha subrayado que, gracias al voto favorable de la Cámara, Andalucía ya dispone de una “Ley territorial” que favorecerá la cohesión de las zonas rurales, a través de actividades económicas ligadas al olivar y a la cultura del aceite que propiciarán su desarrollo sostenible y el mantenimiento de sus núcleos de población. Con tal fin, se implementarán políticas de diversificación que permitan un mejor aprovechamiento de las explotaciones olivareras, generando mayor riqueza y valor añadido para esta actividad y la comarca en la que se desarrolla, y se promoverán medidas de apoyo a la protección, conservación y uso del patrimonio productivo, natural, paisajístico, etnológico, cultural y arqueológico asociado al olivar y aceite de oliva. Precisamente, una de las características más innovadoras y distintivas de esta Ley es la tutela del patrimonio olivarero y la cultura del aceite. Dicho patrimonio está integrado por el olivar con especial representatividad y significado en su entorno.
Competitividad y Sostenibilidad

La Ley del Olivar persigue como doble objetivo el fomento de la competitividad y sostenibilidad de este sector. En el primer caso, se dará prioridad a actuaciones como la reestructuración del olivar tradicional, modernizando aquellas explotaciones potencialmente productivas; el fomento del regadío en el olivar, primando, en todo momento, el uso eficiente del agua, en cumplimiento de la Ley de Aguas y los Planes Hidrológicos de Cuenca, y la apuesta por las energías renovables en las explotaciones y en la industria transformadora, favoreciendo el aprovechamiento energético de los residuos agrícolas y el uso de la biomasa para la producción energética.

Igualmente, se fortalecerán los programas de  investigación, desarrollo, innovación, formación e introducción de nuevas tecnologías aplicadas al sector del olivar, con objeto de seguir avanzando en calidad. Este aspecto también se fomentará mediante certificaciones realizadas a los procesos productivos de las industrias olivareras, el refuerzo de los sistemas de trazabilidad, y la mejora de la información a los consumidores.

En su apuesta por la competitividad, la Ley del Olivar propiciará una mayor profesionalización del sector y contribuirá a un empleo de calidad que promueva la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres. Destacar, asimismo, que servirá para una mejor vertebración y organización del sector, impulsando los procesos de concentración empresarial y de la oferta para dotar a los productores de una mayor fuerza negociadora ante la gran distribución e incorporar más valor añadido a los canales de comercialización del aceite de oliva y la aceituna de mesa.

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Por lo que respecta a la mejora de la sostenibilidad, se prestará una especial atención al olivar tradicional y con desventajas naturales, para facilitar su rentabilidad y evitar el abandono de los territorios que dependen de este cultivo. Además, y en su línea de preservar la renta agraria, la Ley apuesta por la multifuncionalidad y diversificación en las explotaciones agrícolas y en la industria del sector del olivar, para incrementar la renta de los olivicultores de procedencia no agraria.

Instrumentos de aplicación de esta Ley

El desarrollo de esta Ley implica una acción integral, orquestada desde distintos frentes y que requiere de una colaboración público-privada, que se fomentará mediante contratos territoriales, para dar curso a las actuaciones previstas en el principal instrumento de aplicación de esta norma, el Plan Director del Olivar, documento en el que se definen las estrategias de actuación necesarias para la mejora del sector.

A partir de la entrada en vigor de la Ley del Olivar, se abrirá un plazo máximo de un año para la presentación del Plan Director, que contará con una validez de 6 años.  Aparte de actuar como el principal instrumento de coordinación e integración de las diferentes actuaciones, este Plan delimita los territorios del olivar -que son los espacios donde es determinante la producción de aceituna o de aceite y que, por tanto, constituyen las zonas de aplicación de dicha Ley-, y realiza un diagnóstico económico, social, ambiental y cultural de este cultivo.

El Consejo Andaluz del Olivar es otro de los órganos que contempla esta Ley, y el encargado de informar del Plan Director y sus modificaciones. Estará formado por 20 miembros, entre representantes de las administraciones, organizaciones sectoriales y especialistas de diferentes ámbitos, y se constituirá en el plazo máximo de nueve meses, desde la entrada en vigor de la Ley.

Respecto a los contratos territoriales, contribuirán a una mejor gestión de los territorios del olivar y deberán ser suscritos entre la Administración y los titulares de explotaciones para llevar a cabo las actuaciones previstas en el Plan Director. Esto contratos pueden ser “de zona rural” o “de explotación”. En el primer caso, se impulsarán actuaciones coordinadas, en cualquiera de los ámbitos de interés de la Ley, mediante la firma de una serie de compromisos con un conjunto de titulares de explotaciones olivareras. En el segundo caso, los compromisos se suscribirán con el titular de una explotación, en el ámbito de la mejora de su producción.

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Ley de Salud Pública

Asimismo, el proyecto de Ley de Salud Pública también ha superado el debate de totalidad en el Pleno. Una de las principales novedades que recoge es el hecho de que las iniciativas, proyectos, obras y actividades públicas y privadas requerirán para su aprobación de un informe de evaluación de impacto en la salud colectiva.

A estos debates le seguirá el debate de totalidad del proyecto de Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas.

Tras el apartado legislativo, el Pleno celebrará el debate y la votación del Dictamen de la Comisión de Educación en relación con el informe del Grupo de Trabajo relativo a la formación del profesorado de Andalucía, tras lo cual comparecerán dos consejeros. En primer lugar lo hará la titular de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, para informar sobre la situación actual de la reforma de la PAC a petición propia y de los tres Grupos parlamentarios. Acto seguido se sustanciará una comparecencia del Consejo de Gobierno, a petición del Grupo Popular, a fin de informar sobre el proceso de disolución y extinción de la Fundación Andaluza Fondo Formación y Empleo (FAFFE) y de los consorcios de Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Tecnológico (UTEDELT).

La jornada del jueves comenzará con una moción relativa a política general en materia de creación y mantenimiento del empleo de personas con discapacidad y una interpelación relativa a política de aguas, ambas defendidas por el Grupo parlamentario Popular.

En cuanto a las preguntas orales, destacan las dirigidas al presidente de la Junta de Andalucía. El portavoz del Grupo parlamentario IULV-CA, Diego Valderas, preguntará a José Antonio Griñán acerca de la lucha contra el paro en Andalucía, mientras que Javier Arenas, presidente del Grupo Popular, lo hará acerca de los compromisos de investidura.

La sesión plenaria se cerrará con el debate y votación de cuatro proposiciones no de Ley. El Grupo parlamentario IULV-CA defenderá una relativa a poner límites a los recortes sociales. El Grupo Popular, por su parte, presentará otra pidiendo la reprobación del Presidente del Gobierno de la Nación por el incumplimiento de la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía. Por último, el Grupo parlamentario Socialista defenderá dos proposiciones, una relativa al cumplimiento de la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía de Andalucía y otra sobre la Política Agraria Común.

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