El Tribunal tumba las pretensiones del Ejecutivo autonómico y permite a la juez Alaya que siga investigando la presunta trama de expedientes de regulación de empleo irregulares.
El Tribunal Supremo ha dado hoy luz verde a la juez Mercedes Alaya, instructora del caso de los EREs irregulares de la Junta de Andalucía, a que acceda a las actas del Consejo de Gobierno ya que considera que “son públicas y no tienen carácter reservado”.
Según la sentencia, a la que ha tenido acceso Sevilla Actualidad, las actas “tienen por objeto informar y dar a conocer lo sucedido de manera oficial y fehaciente, configurándose así como documentos públicos”, al tiempo que añade que “no es conforme a su naturaleza mantener o defender el carácter reservado de las actas así configuradas”.
De esta forma, el alto Tribunal tumba las pretensiones de la Junta de evitar el acceso a las deliberaciones del Consejo de Gobierno de la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que continúa con la investigación de las presuntas irregularidades en expedientes de regulación de empleo firmados por el Ejecutivo.
Cabe recordarse que Alaya había solicitado acceso a las actas desde 2001, obteniendo una negativa por respuesta al considerar la Junta que son documentos “secretos”.
La Junta, “parcialmente satisfecha”
Junta. Desde la Junta de Andalucía, la consejera de Presidencia, Mar Moreno, que ya había comparecido esta mañana en rueda de prensa tras el habitual Consejo de Gobierno de los martes, tuvo que convocar una nueva rueda por la tarde para valorar la sentencia del TS.
Así, Moreno ha insistido en que el Ejecutivo andaluz está “parcialmente satisfecho” con su decisión y sostiene que le da “la razón a muchas” de sus preocupaciones.
Con todo, la también portavoz de la Junta ha dicho que “acata” la sentencia, ya que es “clarificadora” y “equilibrada”. «Los fundamentos jurídicos de la sentencia aclaran y dan la razón a muchas preocupaciones de la Junta y fijan muy bien las coordenadas de cualquier petición judicial», ha dicho.
Tras ello, Moreno ha puesto a disposición del juzgado las actas del Consejo de Gobierno, a la espera de que Alaya vuelva a solicitarlas.
PP. Mientras tanto, y desde el Partido Popular andaluz, su presidente, Javier Arenas, ha pedido a Griñán que entregue «de inmediato» a la justicia las actas de los consejos de gobierno. Así, considera que la decisión del Supremo pone fin al «obstruccionismo permanente» de la Junta para que se sepa la verdad sobre el caso de los EREs, añadiendo que en materia de uso de fondos públicos para los parados «es imposible pensar que se puedan mantener secretos».
PSOE. Por su parte, la secretaria de Organización del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha asegurado que se trata de “una sentencia salomónica” que si bien desestima el recurso interpuesto por la Junta de Andalucía “pone límites a las peticiones de la juez y da la razón en muchas aspectos al Gobierno andaluz”.
La dirigente andaluza ha insistido en que el Gobierno de la Junta es el “primer interesado” en que se esclarezcan los hechos que investiga la Justicia y por ello “colabora desde el minuto uno siendo, además, parte acusadora”.
“Estamos convencidos, al igual que ha venido siendo hasta ahora, de que la Junta de Andalucía responderá en tiempo y forma a las peticiones que haga la jueza dentro del nuevo marco que establece la sentencia del Supremo”, apostilló Díaz.
IU. Por último, y desde Izquierda Unida, su coordinador general en Andalucía, Diego Valderas, ha exigido a la Junta la entrega «inmediata» de las actas y ha dicho que «lo que es público, público es, y por lo tanto, el presidente de la Junta debe obedecer inmediatamente y remitir toda la documentación requerida a los juzgados». En opinión de Valderas, «quien nada tiene que ocultar, nada tiene que temer».
En un comunicado, el líder de IULV-CA sostiene que la Junta «se podría haber ahorrado el numerito del armario», ya que en el fallo del Tribunal Supremo «se deja muy claro que las actas del Consejo de Gobierno son documentos públicos y no reservados».