Aguilera ha explicado la postura del Gobierno andaluz de rechazo a una tasa plana en la Política Agraria Común. La consejera expondrá sus argumentos en el Parlamento.
La consejera de la Presidencia, Mar Moreno, ha subrayado esta mañana el «compromiso con la educación» del Ejecutivo que preside José Antonio Griñán, lo que se ha plasmado en «un inicio de curso sin pasos atrás ni recortes».
En su opinión, y en la rueda de prensa posterior al habitual Consejo de Gobierno de los martes, Moreno ha dicho que este esfuerzo «no es gratis, no hay pasos atrás ni recortes, porque se prioriza la educación frente a otros gastos o inversiones», frente a comunidades autónomas que están «relegando» este capítulo en sus presupuestos. En este punto, la consejera ha recordado que el modelo educativo andaluz viene avalado por «los sindicatos, las asociaciones de padres y madres y el clima del inicio de curso en Andalucía».
La también portavoz del Gobierno andaluz ha subrayado que «estamos ante un debate estructural que no tiene que ver con la crisis», y que puede causar «daños estructurales a un modelo de sociedad, que podría dar marcha atrás 50 años, si se tocan los pilares de la educación pública, universal y gratuita que llevamos construyendo 30 años». «Estamos planteando un debate de mucho calado», ha advertido y, en este sentido, ha afirmado que la educación «no es ninguna broma, no estamos ante ningún rifirrafe de políticos».
Según Moreno, «este tipo de planteamientos y medidas tienen un impacto absoluto sobre el modelo de sociedad» porque supondría «dar pasos atrás y volver a 50 años atrás y dar a las familias donde más les duele, que es precisamente en la educación y el futuro de sus hijos».
En su opinión, los recortes en educación no tienen origen en medidas orientadas a la austeridad, sino que tienen que ver con cuestiones de «ideología y modelo». «Cuando se quita dinero a las familias de la enseñanza pública y se le da a las familias de la privada, cuando se está perjudicando y desprestigiando al profesorado haciéndole trabajar más sin pagarles más e intentando generar la imagen de que sólo trabajan 18 ó 20 horas, cosa que en modo alguno se corresponde con la realidad, o cuando se pretende expulsar del instituto o del colegio a quienes no puedan pagarlo, eso no se llama austeridad, sino ideología y modelo», ha manifestado.
El Gobierno andaluz rechaza una tasa plana en la PAC
Mientras tanto, la consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, ha informado hoy al Consejo de Gobierno sobre el inicio del debate ante la reforma de la Política Agrícola Comunitaria (PAC), elemento clave para Andalucía en el marco financiero del periodo 2014–20.
Aguilera ha destacado la necesidad de garantizar que la futura PAC no implique la pérdida de recursos financieros para el sector agrario andaluz y ha insistido en la importancia de que Bruselas no aplique rebajas al volumen actual de ayudas y, por tanto, al apoyo europeo a los productores. Por este motivo, el Gobierno andaluz rechaza la aplicación de una tasa plana, ya que es imprescindible que se tengan en cuenta las características específicas y la diversidad productiva de cada territorio a la hora de determinar el nivel de ayudas que reciben los agricultores.
En su comparecencia, la consejera ha afirmado que Andalucía no se conforma con las perspectivas financieras propuestas por la Comisión Europea para la PAC y ha recordado que la Junta continuará luchando por una dotación financiera suficiente para poder garantizar que se cubran todas las necesidades del campo andaluz. Igualmente, el Gobierno autonómico planteará a la Comisión Europea la simplificación de los procedimientos necesarios para solicitar, tramitar y recibir las ayudas.
Asimismo, Clara Aguilera ha insistido en la necesidad de adecuar la normativa en materia de competencia para permitir un mejor funcionamiento de la cadena alimentaria a través de mecanismos tales como acuerdos de moderación de márgenes comerciales y medidas de concentración de la oferta. De acuerdo con el posicionamiento único andaluz acordado entre la Junta y los representantes del sector agrario, la consejera ha subrayado que los presupuestos de la PAC no deben quedar congelados, sino actualizarse conforme a los precios de mercado y a los costes reales de producción.
A juicio del Gobierno andaluz, el principal objetivo del debate sobre las perspectivas financieras de la futura PAC debe ser legitimar las ayudas agrarias. En este sentido, la consejera ha destacado la necesidad de que la ciudadanía entienda que cuando se ayuda al agricultor se está contribuyendo a preservar la vida de muchos pueblos andaluces y, por consiguiente, al mantenimiento y al futuro del medio rural.
El planteamiento de la Junta es trabajar para que las políticas de Desarrollo rural sigan ocupando un papel de relevancia en la futura PAC como instrumentos para proveer a la sociedad de bienes públicos y mejorar la competitividad y la cohesión social de los territorios rurales. Asimismo, se señala la importancia de que la nueva PAC apueste por el apoyo específico a los jóvenes agricultores y por la mejora de los mecanismos de gestión de crisis dirigidos a afrontar de forma ágil situaciones de hundimiento de precios.
En su informe al Consejo de Gobierno, la titular de Agricultura ha señalado también la necesidad de articular un mecanismo legal de ámbito europeo que permita la limitación de los márgenes comerciales de la distribución en momentos puntuales de crisis de precios, con la implicación de todos los eslabones de la cadena comercial para evitar que la rentabilidad del productor caiga en picado en determinados momentos del año.
Finalmente, la consejera ha valorado la creación, por parte de la Comisión Europea, de la fórmula presupuestaria que atiende a las regiones en transición, es decir, las que pasan de ser regiones de convergencia a regiones de competitividad. Con este mecanismo se evita que el proceso de ajuste financiero se produzca de manera inmediata y no progresiva.
Los fondos comunitarios recibidos por Andalucía desde la incorporación de España a la Unión Europea en 1986 han contribuido a la configuración de un sector agrario y agroalimentario que actualmente supone el 8% del Producto Interior Bruto regional y el 12% del empleo.
La PAC se compone de tres grandes grupos de medidas: gestión de los mercados, pagos directos a los agricultores y el desarrollo rural. Durante los últimos años, su estrategia se ha transformado para pasar de una política de gestión sectorial de mercados a otra de pagos directos y apoyo a la renta de los agricultores y al desarrollo rural. Así, en el presupuesto actual de la Unión Europea para 2011 hay unos 3.500 millones de euros destinados a medidas de mercado, lo que supone el 7%; 40.000 millones a las ayudas directas a los agricultores (68%) y 14.500 para desarrollo rural (25%).