El documento, consensuado por profesionales, juristas y expertos, quiere garantizar los derechos de los pacientes y respaldar el trabajo de los profesionales.
El Comité de Bioética de Andalucía ha elaborado unas recomendaciones que se van a difundir por todo el sistema sanitario público andaluz para una correcta atención sanitaria en aquellos casos en que los pacientes rechacen una terapia con sangre o hemoderivados, de tal manera que servirán para la realización de protocolos propios en todos los centros sanitarios. El documento, presentado por la consejera de Salud, María Jesús Montero, y el director de la Estrategia Andaluza de Bioética, Pablo Simón, pretende garantizar la labor de los profesionales y de los derechos de los pacientes.
Existe un importante colectivo de personas que manifiesta su rechazo a este tipo de terapias que, en ocasiones, supone una elección entre la vida y la muerte, bien por cuestiones religiosas, como es el de los Testigos de Jehová (alrededor de 30.000 personas en Andalucía), o bien por convicciones ideológicas o reparos a recibir sangre de otras personas. Para evitar posibles conflictos en los centros andaluces en estas situaciones y esclarecer las correctas maneras de actuación en cada una de las posibles circunstancias, un grupo de profesionales compuesto por sanitarios (hematólogos, anestesistas, cirujanos) juristas o expertos en bioética elaboraron estas recomendaciones que han sido refrendadas por el Comité de Bioética de Andalucía y que serán difundidas por todos los centros.
El documento recoge toda la normativa que reconoce el derecho de las personas a rechazar el tratamiento propuesto por el profesional sanitario (Ley General de Sanidad 14/1986, de Autonomía del Paciente 41/2002 o Ley 2/2010 de derechos y garantías de la dignidad de la persona en proceso de muerte), así como que el respeto a este derecho está recogido en los códigos deontológicos de los principales colectivos sanitarios, de tal manera que no tiene que ser situación de conflicto para los sanitarios aunque se especifican los requisitos para respaldar la actuación en este tipo de situaciones, como que el rechazo sea por escrito, para lo que se adjunta un modelo válido.
La aproximación bioética que se ha realizado a estas situaciones recoge las posibilidades de actuación de los profesionales en cada uno de los supuestos que pueden darse, desde una emergencia o urgencia en la que se vea inmersa una persona que ha manifestado el rechazo a este tipo de tratamiento, a las actividades programadas, pasando por las ocasiones en las que sean menores las personas afectadas o mujeres embarazadas. En todas las posibilidades se hace un recuento de las mejores opciones de actuación, según la normativa y los criterios bioéticos, y se adjunta también un modelo de derivación del caso a la Fiscalía en aquellos casos en los que sea imprescindible su concurrencia.
En el caso de las intervenciones programadas, aquellas que no están sujetas a una inmediatez inherente a una emergencia sanitaria, se establecen también las mejores maneras de actuación en cada uno de los casos y se recomiendan opciones de planificación y preparación de la operación quirúrgica que pueden contribuir a facilitar una correcta atención sanitaria a este colectivo sin necesidad de recurrir a las transfusiones sanguíneas o de hemoderivados que rechazan. Se trata de intentar facilitar la más correcta atención posible pero respetando en todo momento su derecho a rechazar este tratamiento como opción terapéutica. Ahora, cada uno de los centros sanitarios del Sistema Sanitario Público Andaluz tendrá que adecuar su protocolo de actuación conforme a estas recomendaciones, siempre en la medida de sus posibilidades tecnológicas, humanas y capacitación técnica.
Entre las recomendaciones que se recogen en este protocolo se hace hincapié en los beneficios del Testamento Vital en este tipo de situaciones, dado que facilitan bastante a los profesionales la labor en estos casos porque clarifican su voluntad en caso de que no puedan expresarla y solventan posibles conflictos por la representación.
Se trata de uno de los primeros documentos de este tipo que se realiza en una comunidad autónoma y en el que se recogen recomendaciones que afectarán a todos los centros del sistema sanitario público de Andalucía.