Ha mostrado su criterio favorable a la proposición planteada por el PSOE en el Parlamento. Asimismo, da su apoyo a la iniciativa socialista de impedir la presencia de alcaldes en la Cámara.
El Consejo de Gobierno ha manifestado su criterio favorable a la proposición de Ley Orgánica, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para la delegación de competencias a la Comunidad Autónoma sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren íntegramente por territorio andaluz. La consejera de la Presidencia y Portavoz del Ejecutivo andaluz, Mar Moreno, ha señalado tras el Consejo de Gobierno que la iniciativa legislativa autonómica plantea la delegación de competencias a la Junta salvaguardando el marco constitucional vigente, evitando cualquier fragmentacion de la gestión y con clara reserva de las competencias estatales.
La propuesta tiene como objetivo dar una solución definitiva para garantizar la participación de Andalucía en la gestión de la cuenca conforme a su peso real, tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) emitida el pasado mes de marzo sobre esta materia. En este sentido, plantea la habilitación de instrumentos de coordinación entre las administraciones central y autonómica para evitar la fragmentación o compartimentación de la gestión, mientras se atribuye al Estado velar por el respeto de las competencias de las comunidades autónomas que, aunque de forma minoritaria, tienen terrenos incluidos en la cuenca hidrográfica.
En este sentido, Moreno ha valorado la «diligencia» y el «rigor técnico» del que están haciendo gala los gobiernos estatal y autonómico para dar una respuesta a esta situación, y ha opinado que el modelo que se abordará en la Comisión Bilateral Junta-Estado es un «fiel reflejo» de que Andalucía acata y da «pleno cumplimiento» a la sentencia del TC.
Entre las competencias que se propone delegar a la comunidad, destacan las relativas a concesiones de recursos hídricos; administración y gestión del registro de aguas y del censo de vertidos autorizados; policía de aguas y cauces; autorizaciones de vertidos y de uso del dominio público hidráulico; procedimientos sancionadores; sistemas automáticos de información hidrológica; deslindes de cauces, y cesiones de derecho al uso privativo de las aguas (en coordinación con la Administración central).
«Andalucía no renuncia a la naturaleza andaluza del río», ha valorado Mar Moreno, para quien la comunidad cumple así «jurídicamente» con la sentencia del TC, mientras que «políticamente no renuncia a lo máximo», en referencia a la delegación de competencias recogida en el artículo 150.2 de la Constitución.
La proposición no incluye la delegación de las competencias que inciden sobre el régimen jurídico de las aguas, cuyo ejercicio se reserva íntegramente al Estado junto con las correspondientes fórmulas de control adicional constitucionalmente permitidas. De igual modo, se excluyen atribuciones relativas a normativas básicas de protección del medio ambiente, las obras públicas hidráulicas de interés general y la planificación hidrológica de la demarcación.
La Junta de Andalucía gestiona provisionalmente, desde el pasado mes de abril y por un periodo de seis meses, los recursos y aprovechamientos hidráulicos del Guadalquivir que se sitúan dentro de la comunidad. Esta solución transitoria, acordada con la Administración central y concretada en una encomienda a la Consejería de Medio Ambiente, permite asegurar la continuidad y la seguridad jurídica en la gestión de la cuenca, cuyos medios y servicios fueron transferidos a Andalucía en 2008, además de evitar que la sentencia del TC suponga una paralización de los proyectos desarrollados durante los últimos años.
Moreno: “El Parlamento requiere diputados al 100%”
De igual forma, el Consejo de Gobierno también ha acordado manifestar el criterio favorable a la proposición de Ley presentada por el PSOE para introducir reformas legislativas orientadas a reforzar el régimen de incompatibilidades de los parlamentarios autonómicos y los altos cargos de la Administración andaluza.
La consejera de la Presidencia y Portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno, ha apelado a la «dedicación» que requiere la actividad parlamentaria durante su exposición de esta medida, y ha expresado su convencimiento en que «el Parlamento requiere diputados al cien por cien, como los ayuntamientos requieren alcaldes y alcadesas al cien por cien».
Las reformas legislativas planteadas se concretarán en la modificación de las leyes 1/1986, Electoral de Andalucía; 3/2005, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses, y 2/2005, del Estatuto de los Ex Presidentes de la Junta de Andalucía.
Respecto a la Ley Electoral, la propuesta de reforma tiene como principal objetivo incluir a los alcaldes y presidentes de diputaciones provinciales en el régimen de incompatibilidad con el cargo de parlamentario autonómico andaluz.
En la misma línea, también se propone que los parlamentarios no perciban retribuciones y asignaciones, públicas o privadas, al margen de las propias del cargo. Los familiares directos, por su parte, estarán obligados a formular declaración de sus retribuciones y relaciones en materia de contratación con todas las administraciones.
Respaldo a la modificación de la LAU
Por lo demás, también ha mostrado su criterio favorable a la proposición presentada por el Grupo Socialista para modificar la Ley 15/2003, Andaluza de Universidades (LAU). La propuesta tiene como objetivo adaptar esta norma a los nuevos escenarios del Espacio Europeo de Educación Superior y del Espacio Europeo de Investigación, así como a los cambios introducidos en la legislación estatal en los ámbitos universitario, científico-tecnológico y de la innovación y la economía sostenible.
Entre las modificaciones planteadas figuran las relativas a la adecuación de tipologías de profesorado, con la creación de nuevas figuras contractuales que facilitarán la enseñanza práctica-clínica en el campo de la salud a través de la vinculación de plazas asistenciales de instituciones sanitarias con puestos docentes de los cuerpos de profesores de universidad y de profesor contratado doctor. Esta medida tiene como objetivo facilitar que el profesorado universitario compatibilice el dominio tanto de las materias académicas como de la práctica clínica y la labor asistencial.
Otro bloque de modificaciones se dirige al establecimiento de un sistema integrado de gestión de la calidad; la promoción e integración de las enseñanzas virtuales; la potenciación del Sistema de Información Universitaria; el reforzamiento del papel de los Consejos Sociales de las Universidades como elementos de interrelación con la sociedad; la adecuación de la composición del Consejo Andaluz de Universidades a la estructura de la Consejería competente en materia de Universidades.
La proposición incluye asimismo disposiciones para incorporar la regulación por ley en materias de expropiaciones y de enseñanzas superiores que se imparten en la comunidad autónoma por universidades extranjeras pero que no forman parte del Sistema Universitario Andaluz. Respecto al primero de estos aspectos, se plantea el reconocimiento para las universidades públicas de la condición de beneficiarias de las expropiaciones forzosas que lleven a cabo las administraciones públicas para la instalación, la ampliación o la mejora de los servicios y los equipamientos universitarios.