El consejo de Gobierno ha aprobado un plan de 200 millones de euros, cofinanciado en un 80% por la UE, para realizar obras en centros docentes y promover la contratación de parados.
La Junta de Andalucía destinará 200 millones de euros a un plan extraordinario de obras de mejora de la red de centros educativos públicos que primará la contratación de personas desempleadas de larga duración y con cargas familiares. El Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana esta iniciativa, denominada Plan de Oportunidades Laborales de Andalucía (OLA), que se desarrollará hasta finales del próximo año y supondrá la creación de alrededor de 5.000 empleos entre los colectivos sociales más afectados por la crisis económica, especialmente el de los parados procedentes del sector de la construcción.
El consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, ha declarado que esta iniciativa supondrá un impulso a las inversiones en infraestructuras educativas, a la creación de empleo y a la mejora de oportunidades laborales en la construcción, en la línea de ofrecer nuevas perspectivas a uno de los sectores más castigados por la crisis y, en paralelo, de seguir prestando una especial atención a la educación. En palabras de Ávila, la educación es «prioritaria para la Unión Europea, para la política económica en España y para Andalucía», y ha recordado en este último caso que así aparece recogido en el VII Acuerdo de Concertación Social.
El Plan OLA, cofinanciado en un 80% por la UE, prevé unos 450 proyectos de construcción, ampliación y renovación de colegios e institutos en las ocho provincias andaluzas. Las obras de reforma prestarán especial atención a la mejora de las infraestructuras de tecnologías de la información y la comunicación, la eficiencia energética y la eliminación de barreras arquitectónicas.
Ávila ha precisado que la puesta en marcha del Plan OLA corresponderá a las consejerías de Educación, Economía y Empleo, que asumirán su ejecución de forma conjunta. Así, Educación, a través del Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos, propondrá las obras y proyectos a ejecutar, mientras que la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia verificará las actuaciones que se llevan a cabo a través de una comisión de planificación y seguimiento. Por su parte, la Consejería de Empleo, a través del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), facilitará candidatos seleccionados entre las personas desempleadas que residan en las áreas que acojan los proyectos.
Respecto a los planes de infraestructuras educativas desarrollados en la última década (Aula 2000 y Mejor Escuela), el Plan OLA suma como nuevos objetivos la creación de empleo directo y el apoyo a las pymes, especialmente en la construcción, sector del que proceden dos de cada tres empleos perdidos en la comunidad por la crisis económica.
De este modo, las empresas adjudicatarias deberán contratar a personas inscritas como demandantes de trabajo en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Al menos el 70% del coste de personal de cada proyecto corresponderá a empleo de nueva creación, mientras que el resto (trabajadores propios y dirección técnica) deberá estar contratado por tiempo indefinido.
Las empresas presentarán sus ofertas de trabajo ante el SAE y, en función de los perfiles profesionales solicitados, este organismo facilitará candidatos seleccionados entre personas residentes en los municipios donde se desarrollen los proyectos.
El plan establece que el pago de la Junta a las empresas contratistas deberá producirse en un plazo máximo de 40 días y el de estas entidades a los proveedores y subcontratistas no podrá superar los 30 días.
Las contrataciones, por un tiempo al menos igual al de la duración de la obra, darán prioridad a desempleados de larga duración con cargas familiares, que no reciben ningún tipo de prestación o subsidio y que no hayan tenido vinculación con la entidad empleadora en los tres meses anteriores a la presentación de la oferta.