El Consejo de Gobierno también ha aprobado el Plan Anual de la Cooperación Internacional Andaluza para 2011 y la creación de la figura de Lugar de la Memoria Histórica.
El Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana, en su reunión habitual de los martes, el proyecto de Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas, una norma que busca reforzar la capacidad competitiva y atender las demandas de este sector estratégico en la economía regional. Andalucía es actualmente líder en número de cooperativas, con 4.400 que dan empleo a unos 50.000 trabajadores.
La futura norma, que sustituirá a la vigente desde 1999, introduce como principal novedad la agilización de los trámites administrativos para crear sociedades, incorporar socios, crear puestos de trabajo, mejorar la flexibilidad interna y permitir una mayor libertad en la distribución de los beneficios. Asimismo, permitirá la creación de grupos empresariales cooperativos y aumentará las posibilidades de contratar por cuenta ajena.
En relación con la simplificación de procedimientos, la ley abrirá la posibilidad de constituir una cooperativa sin necesidad de escritura pública y rebajará de dos meses a uno el tiempo de respuesta de la Administración, cuyo silencio se considerará positivo. Asimismo, se reducirán de cinco a una las autorizaciones de la Dirección General de Economía Social de la Junta y se suprimirán los requisitos del capital social mínimo (antes de 3.100 euros) y la calificación previa para la constitución.
Para facilitar la incorporación de nuevos cooperativistas, el proyecto introduce la figura del socio a prueba, pionera en España. Se establece así un periodo en el que la entidad conocerá al aspirante y éste podrá familiarizarse con el funcionamiento interno de la sociedad antes de vincularse con ella. Asimismo, las aportaciones que deba realizar el nuevo miembro se podrán fraccionar o aplazar de común acuerdo.
Con el propósito de permitir una mayor flexibilidad interna, el texto regula también diversas medidas relacionadas con el uso de las nuevas tecnologías, como las denominadas Asamblea y Consejo Rector virtuales. La norma sólo exigirá una sesión anual del máximo órgano de gestión, frente a la actual periodicidad mínima mensual. Al mismo tiempo, abre la posibilidad de sustituir éste por un administrador único, o dos solidarios en cooperativas con menos de diez socios.
En cuanto a la figura del asociado (que a diferencia del socio sólo aporta capital), el proyecto cambia su denominación por la de persona inversora y establece nuevas condiciones. Así, podrá tener hasta 49% del capital social y un 25% de los votos en la asamblea, frente al 30% y 20% que fija la norma de 1999.
De acuerdo con la nueva normativa, las personas inversoras serán tanto físicas como jurídicas y públicas o privadas, y no podrán ostentar esta condición si tienen intereses o realizan actividades de la misma índole que las propias de la cooperativa, salvo autorización expresa del órgano de administración. Tampoco podrán ocupar los cargos de la presidencia y la vicepresidencia.
La Ley de Cooperativas también incluye, con carácter voluntario, la posibilidad de que las aportaciones al capital entre socios se transmitan libremente a terceros, siempre previo acuerdo del consejo rector. De esta forma, en caso de baja de cooperativistas, la empresa no se descapitaliza y se da la oportunidad a los socios salientes y a la entidad de obtener beneficios.
Otra novedad es la creación de la figura del Grupo Empresarial Cooperativo, que permitirá formas de integración aún no ensayadas en Andalucía, tanto entre cooperativas como con otro tipo de entidades mercantiles. Estos grupos podrán estar liderados por una sociedad cabeza o bien articulados por sociedades en plano de igualdad. En este segundo caso, las integrantes deberán ser mayoritariamente de naturaleza cooperativa.
Plan Anual de Cooperación Internacional y Lugares de Memoria Histórica
El Consejo también ha aprobado el Plan Anual de la Cooperación Internacional Andaluza para 2011, que contará con 94,17 millones de euros.
Para la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, «entendemos que ese buen trabajo de las organizaciones andaluzas, ese trabajo de años, de creación, de lazos, de confianza y de estructura en los países que son objetivos de la cooperación internacional andaluza no debe truncarse por la coyuntura económica, y por lo tanto estamos haciendo el máximo esfuerzo para que las ONG no sufran aminoración de recursos ni capacidad de actuación ni desarrollo de sus proyectos».
De esta manera, la consejera puso de manifiesto que esa aminoración de recursos, que se contempla este año en 18,5 millones de euros, se ha reflejado en las actuaciones directas que practica la Junta de Andalucía y por lo tanto, «no en las partidas previstas para las ONG», señaló.
La mayor parte de la inversión prevista, 72,9 millones de euros, va dirigida al objetivo de favorecer el desarrollo en los 23 países considerados prioritarios, mediante la financiación de proyectos gestionados por la Administración autonómica, las organizaciones no gubernamentales, los municipios, las universidades y las organizaciones sindicales y empresariales.
Por último, también se ha aprobado la creación de la figura de los Lugares de Memoria Histórica de Andalucía, definidos como aquellos enclaves vinculados a hechos o acontecimientos singulares ocurridos durante la Guerra Civil española y la Dictadura franquista. Su identificación servirá como referencia histórica, recordatorio de los sucesos que tuvieron lugar en ellos y también como homenaje a las personas que sufrieron violencia, vejación, persecución o privación de libertad debido al ejercicio de sus derechos o por defender la democracia.
La consideración de un emplazamiento como Lugar de Memoria Histórica obligará a la administración pública titular del mismo a garantizar su identificación, señalización, preservación y, en el caso de que el lugar experimente alguna transformación de importancia, a mantener una huella o registro permanente que sirva para recordar los hechos relacionados con el sitio. Cuando la propiedad sea privada, la Junta fomentará la firma de acuerdos con las personas y entidades titulares para alcanzar los mismos fines.