El Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana la nueva Ley de Salud Pública que busca garantizar los derechos de nueva generación y establecer las obligaciones ciudadanas.
Las iniciativas, proyectos, obras y actividades públicas y privadas requerirán para su aprobación de un informe de evaluación de impacto en la salud colectiva. Esta es una de las principales novedades del proyecto de Ley de Salud Pública de Andalucía, que ha aprobado el Consejo de Gobierno y que será sometido a debate en el Parlamento autonómico después del verano.
El texto incorpora las prioridades de prevención y promoción a las distintas políticas que desarrolla la Administración autonómica, especialmente en los ámbitos del empleo, la vivienda, el deporte, la innovación, la educación y el urbanismo. En este sentido, la evaluación del impacto en salud afectará especialmente a los planes y programas de la Junta de Andalucía, a los instrumentos de planeamiento urbanístico en general y aquellos que afecten a áreas urbanas desfavorecidas.
Frente a otras leyes similares aprobadas en algunas Comunidades Autónomas, la norma andaluza va más allá de la perspectiva instrumental y asistencial para garantizar los derechos de nueva generación recogidos en el Estatuto de Autonomía y establecer las obligaciones de la población.
Entre los derechos regulados destaca el relativo al conocimiento. De acuerdo con su reconocimiento legal, el proyecto obliga a la Administración no sólo a poner a disposición del ciudadano la información que le afecta sino también la capacitación necesaria para analizarla, asumirla y utilizarla libremente en las decisiones sobre su salud y en la participación en las iniciativas de tipo colectivo.
El derecho al conocimiento incluye también el acceso al resultado de las investigaciones y estudios de la autoridad sanitaria, así como a obtener información sobre las características esenciales de los productos alimentarios y sus condiciones de producción, distribución y comercialización.
De igual modo, se establecen los derechos a disfrutar de un adecuado nivel de salud pública; a contar con estrategias públicas de educación para la salud, movilidad sostenible y de promoción de actividades físicas; a la inmunización contra las enfermedades infectocontagiosas, y a recibir las prestaciones preventivas o rechazarlas siempre que esta decisión no afecte a terceras personas.
En materia urbanística y de vivienda, se recogen derechos relacionados con la inclusión de zonas verdes en los planeamientos, la prohibición del uso de materiales de construcción que suponen riesgos para la salud y la garantía de un perímetro de seguridad en la puesta en marcha de actividades o zonas industriales.
Junto con la evaluación de impacto en salud de las actividades económicas, el proyecto de ley prevé también la posibilidad de establecer incentivos para las empresas que realicen planes de autocontrol o auditorías voluntarias.
Responsabilidad ciudadana
El texto aprobado por el Consejo de Gobierno sitúa a la ciudadanía como eje central de sus medidas y establece el principio de equidad generacional como la obligación colectiva de asegurar en el futuro las condiciones que hacen posible la salud pública. Para ello, además de los derechos, se recogen también las responsabilidades de la ciudadanía en esta materia.
Entre estas obligaciones para la población destacan las de poner en práctica las medidas de protección, promoción y prevención; utilizar adecuadamente la información recibida; no causar voluntariamente un peligro para la salud, y poner en conocimiento de la autoridad sanitaria cualquier situación que pueda constituir una emergencia pública. Para el incumplimiento de estas medidas, el proyecto fija sanciones que van desde los 600 a los 600.000 euros.
Finalmente, el proyecto de ley atribuye a la Consejería de Salud la gestión en esta materia a través del Instituto Andaluz de Salud Pública, además de disponer la creación del Centro de Investigación (que funcionará en red) y del Observatorio de la Salud Pública de Andalucía. De igual modo, la Consejería de Salud será el órgano encargado de emitir los informes de evaluación de impacto.