Agentes de la Policía Nacional han detenido en Málaga a dos falsos médicos, un varón y una mujer, ambos de 74 años y nacionalidad española, por estafar supuestamente a clientes de una clínica estética que estos regentan en la localidad y en la que habrían practicado durante años tratamientos de toxina botulínica –bótox– y ácido hialurónico sin titulación que los habilite para ello.
Los investigados han sido arrestados por su presunta implicación en los delitos de estafa, intrusismo y contra la salud pública, han informado a través de un comunicado desde la Policía Nacional. Hasta la fecha, los investigadores han recibido media docena de denuncias, aunque el número de afectados podría contarse por centenares.
La investigación se inició tras recibirse un escrito del Juzgado de Instrucción 8 de Málaga instando al esclarecimiento de presuntos delitos de intrusismo y contra la salud pública denunciados por una asociación de medicina estética.
A esta asociación se habían dirigido previamente varios clientes de una clínica estética en Málaga informando que en dicho lugar se realizaban tratamientos de toxina botulínica –bótox– y ácido hialurónico por personal no habilitado para realizar estas prácticas.
Así, los agentes de la Policía Nacional iniciaron las pesquisas tendentes al esclarecimiento de los hechos. Tras las gestiones realizadas, los agentes vinieron a confirmar que ninguno de los investigados era médico, no estando facultados para inyectar las sustancias intervenidas.
De igual modo, la clínica carecía del preceptivo depósito de medicamentos regulado por el Servicio de Inspección de Farmacia de la Consejería de Salud, no pudiendo albergar los medicamentos que se hallaron en el lugar en el registro.
Los investigados llevaban realizando estas prácticas durante años, al menos desde el año 2000, según ha podido constatar la instrucción del caso.
Según las indagaciones, de los dos investigados era precisamente la mujer la encargada de prescribir a los clientes el tratamiento a recibir, indicarles los pasos a seguir y marcarles los puntos en los que les sería administrada la sustancia. Por su parte, el hombre era quien inyectaría el producto.
Una de las perjudicadas –oída en declaración– fue derivada de urgencia por un dermatólogo a un médico especialista en cirugía estética para la retirada de la silicona líquida –sustancia prohibida en seres humanos– que le habrían inyectado en la clínica investigada.
La silicona le había sido administrada en los labios, en lugar de ácido hialurónico, que era lo que le informaron que le pondrían y por lo que pagó, generando un riesgo para su vida y su salud.
Por otro lado, han informado de que los perjudicados aseguran que los investigados les insistieron de manera reiterada en que el pago de los tratamientos debían hacerlo en efectivo, no entregándoles ningún tipo de justificante de pago.
Sólo en una ocasión los sospechosos permitieron a una clienta abonar parte del tratamiento con tarjeta y le emitieron un justificante que contenía datos de una empresa con sede en Castelldefels (Barcelona) y dedicada a otra actividad comercial, en concreto a los estudios de mercado.
En un registro en la clínica se intervinieron cientos de útiles sanitarios, como jeringas desechables de diversos tamaños y capacidades, agujas intradérmicas, equipos de plasma, agujas y cánulas de distintos tamaños y marcas, además de numerosas fármacos y sustancias conteniendo toxina botulínica y ácido hialurónico.