Más de 42 millones de euros para el fomento del empleo agrario
Griñán anunció esta medida en el Debate sobre el Estado de la Comunidad celebrado la pasada semana.
El Consejo de Gobierno ha autorizado esta mañana la suscripción de un convenio entre la Agencia Tributaria de Andalucía (ATRIAN) y la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), con el fin de reforzar la prevención y detección del fraude fiscal. Lo ha hecho en su habitual reunión de los martes que esta mañana se ha celebrado en el Parlamento de Andalucía para inmediatamente después celebrar el aniversario del nacimiento de Blas Infante. La colaboración entre ambos organismos, anunciada por el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, en el último Debate sobre el Estado de la Comunidad, se extenderá también a la mejora de la asistencia a los contribuyentes y al uso conjunto de servicios telemáticos.
De esta forma, y para la lucha contra el fraude, la principal medida es el establecimiento de canales de intercambio de datos de trascendencia en el control sobre el pago de los tributos tanto por la Administración central como por la autonómica, así como la incorporación de esta información a las respectivas bases de datos tributarios.
En relación con las campañas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), la colaboración se desarrollará de acuerdo con protocolos anuales aprobados por las dos administraciones tributarias. Las oficinas de la ATRIAN estarán habilitadas para la transmisión a la base de datos de la AEAT de las solicitudes y confirmaciones del borrador del IRPF, así como de las domiciliaciones.
El convenio autorizado fue propuesto por el Consejo Territorial para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria en Andalucía. Este órgano colegiado, integrado por representantes de las agencias autonómica y estatal, se encargará también de determinar las acciones concretas que se desarrollarán para cada ejercicio en el marco del acuerdo.
La Agencia Tributaria de Andalucía ejerce, entre otras funciones, las de gestión, liquidación, recaudación e inspección de los tributos propios y de los estatales cedidos a la comunidad autónoma; la potestad sancionadora en materia tributaria, y la recaudación en vía ejecutiva de los ingresos de derecho público. Asimismo, asume atribuciones por delegación en relación con los tributos locales.