El popular hace hincapié en los “cerca de un centenar de varapalos judiciales” a la administración regional y el “rechazo a la provisión de puestos de trabajo a dedo”.
El secretario general del Partido Popular andaluz, Antonio Sanz, ha denunciado esta mañana que durante los últimos cinco años casi un centenar de sentencias judiciales contrarias a la política de función pública y sector público empresarial “ponen en evidencia que el Gobierno socialista de la Junta de Andalucía ha actuado fuera de la ley de forma permanente para crear una administración paralela saltándose el derecho administrativo y convirtiéndola en una administración política”.
Antonio Sanz señaló que “cerca de un centenar de varapalos judiciales revelan una huída constante de los controles y el desprecio por las garantías que ofrece el derecho administrativo”. Explicó que “la Justicia ha rechazado la provisión de puestos de trabajo a dedo” y se refirió al último fallo del Tribunal Supremo anulando 34 designaciones en Economía, una medida que “debe ser excepcional y no generalizada”.
El popular añadió que “también existen sentencias contrarias a la contratación para puestos de libre designación, como 204 personas en la Consejería de Medio Ambiente o 11 en Justicia. Asimismo, los tribunales han señalado la vulneración por parte de la Junta de Andalucía de la legislación que contempla la negociación con los sindicatos del cambio de las condiciones laborales de los funcionarios”.
Sanz se refirió también a las sentencias contrarias a las encomiendas de gestión y la externalización de servicio o a la aplicación del artículo 30 de la Ley de Ordenación de la Función Pública de Andalucía “al cubrir de forma provisional las vacantes contando como servicios prestados el tiempo en la administración antes de adquirir la condición de funcionario”. Por último, Sanz aludió a la “anulación de los Estatutos de Egmasa y de la Agencia Tributaria Andaluza”.
Por todo ello, el secretario general del PP andaluz insistió en que “todas estas sentencias señalan la necesidad de derogar el decretazo, convertido en ley, de reordenación del sector público andaluz”, y manifestó la “confianza del PP en los funcionarios y el rechazo a la estrategia socialista de politización, descontrol y abuso de la administración”.
Además, Antonio Sanz denunció que la Junta de Andalucía “falsea el número de cargos de confianza en la administración, cometiendo una posible ilegalidad”. Señaló que “en una estrategia de mentira y ocultación, la Junta abusa de las asesorías externas y la cesión de personal por parte de fundaciones y organismos autónomos como válvula de escape para aumentar de forma escandalosa el personal de confianza”. «Mientras predican austeridad, se aumentan de forma fraudulenta los puestos de confianza», dijo.
Sanz puso como ejemplo de estos procedimientos irregulares, que bordean la legalidad, a la Fundación Andaluza para la Formación y el Empleo (FAFFE) y pidió que la Cámara de Cuentas investigue y fiscalice esta fundación por utilizar un cauce ilegal para crear puestos de confianza “que sirven de forma impropia para colocar a militantes socialistas y sustituir las potestades públicas del Servicio Andaluz de Empleo”.