La consejera de la Presidencia asegura que el Gobierno andaluz está prestando la «máxima atención» para salvaguardar la gestión autonómica del río.
La consejera de la Presidencia, Mar Moreno, ha apelado al «consenso» de todos los partidos con representación en el Parlamento andaluz, «en el mismo clima que se mantuvo en torno al Estatuto», para abordar la «búsqueda de soluciones» que salvaguarden la gestión autonómica de las aguas del Guadalquivir que transcurren por el territorio comunitario. La consejera, que ha comparecido en la Comisión de Desarrollo Estatutario del Parlamento, ha señalado que este apoyo contribuirá a que «Andalucía lidere de la mayor y más efectiva manera las decisiones que afecten al río, en el marco de la Constitución y la legalidad vigente».
En su intervención, Moreno ha apuntado que, desde que se conoció la sentencia del Tribunal Constitucional que estimaba parcialmente el recurso presentado por la Junta de Extremadura, el Gobierno andaluz «está prestando la máxima atención y se encuentra plenamente imbuido en solventar esta situación». Según la consejera, esta actuación de la Junta pivota sobre «el diálogo abierto, el mantenimiento del consenso, la respuesta inmediata, la voluntad política, el compromiso en la búsqueda de soluciones y en la absoluta convicción de la naturaleza andaluza del río».
En este último aspecto, ha explicado que el Guadalquivir es un «referente territorial, económico, cultural, político y humano de la comunidad» y ha repasado algunos de los indicadores territoriales, hidrológicos y socioeconómicos que, en su opinión, lo demuestran. Así, ha recordado que el 90,2% de la cuenca del río se encuentra en suelo andaluz y que más de la mitad de Andalucía se enmarca dentro de ella, con cuatro millones de habitantes.
Ha indicado que, con la transferencia de las competencias, Andalucía pasaba a gestionar «el 96% de su territorio, el 98,8% de su población y el 99,7% de sus consumos de agua», al tiempo que daba un paso más en la «consecución de nuevos retos, como la elaboración de la Ley de Aguas, la atención a demandas estratégicas del regadío y el turismo y a retos futuros derivados de nuevos usos energéticos o urbanísticos».
Por este motivo, la consejera ha señalado que la Junta «acata y respeta la sentencia», pero ha explicado que su «ambición sigue siendo la de conseguir la mejor gestión posible de un recurso clave para nuestra comunidad». Para ello, ha explicado los pasos dados por el Gobierno andaluz para avanzar en este empeño, el primero de los cuales fue la reunión de «manera inmediata» con las fuerzas políticas con representación en el Parlamento «para informarles y solicitarles el mantenimiento del consenso».
Asimismo, ha recordado el encuentro que mantuvieron los presidentes José Antonio Griñán y José Luis Rodríguez Zapatero «para encauzar políticamente la solución». Como resultado de esta entrevista, la consejera ha destacado la «coincidencia» en que «existe margen legal constitucional suficiente para que Andalucía siga teniendo una voz predominante sobre el Guadalquivir».
De igual forma, ha anunciado la convocatoria de la Comisión Bilateral Junta de Andalucía-Estado «para acordar y debatir», por un lado, la solución «transitoria», en la forma de una encomienda de gestión «que garantice la seguridad jurídica» de la nueva situación y, por otro, las posibilidades para encontrar «una solución definitiva».
Según Moreno, esta salida «será compleja en términos jurídicos, dada la ausencia de precedentes» y «se apoyará en el Estatuto de Autonomía y, especialmente, en el respaldo de los artículos 43 y 50, declarados plenamente constitucionales». Respecto al nuevo modelo resultante, la consejera ha explicado que deberá «garantizar la unidad de cuenca», «la participación de otras comunidades», «los principios reservados al Estado» y «la máxima capacidad de decisión de la Junta en la gestión del río».