Alaya considera que la documentación facilitada por la Junta de Andalucía es insuficiente. Tras sus declaraciones, los partidos de la oposición instan al Gobierno andaluz a colaborar de pleno.

Mercedes Alaya, la juez titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que investiga las irregularidades en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en Andalucía, ha reprochado al Gobierno andaluz su “falta de colaboración” a la hora de facilitar los documentos solicitados y ha calificado la documentación aportada como “completa e insuficiente”.

La magistrada, que también ha reprochado la pasividad de la Junta ante el incumplimiento de la normativa, considera que las transferencias de financiación destinadas a los ERE se llevaron a cabo “prescindiendo de forma absoluta del procedimiento administrativo previsto en la Ley de Hacienda Pública”.

Por todo ello, Alaya ha exigido al Ejecutivo andaluz más información sobre los ERE y le ha dado un plazo de 48 horas para entregar los presupuestos del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), auditorías y otros documentos.

Ante las declaraciones de Alaya, el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha explicado que si la juez ha visto falta de colaboración por parte del Gobierno andaluz, esa falta “se subsanará inmediatamente”. En este sentido, Griñán ha recordado la puesta en marcha de un dispositivo especial dentro del Gobierno autonómico para dirigir las relaciones con la justicia.

IULV-CA y el PA exigen a la Junta que colabore con la justicia

Tras las declaraciones de la magistrada que investiga las irregularidades en los ERE, el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, ha demandado la colaboración de la Junta de Andalucía con los tribunales.

Asimismo, Valderas ha recordado que los partidos de la oposición continúan sin recibir la documentación que solicitaron al consejero de Empleo, Manuel Recio, hace más de un mes.

Por otra parte, el Partido Andalucista también ha exigido al Gobierno andaluz su colaboración con la justicia. La secretaria general del Partido Andalucista, Pilar González, ha expresado su apoyo a la jueza y le ha exigido al Ejecutivo autonómico “que depure las responsabilidades políticas pertinentes”.

Refiriéndose a los nueve millones de euros defraudados a las arcas públicas, la representante andalucista ha dicho que la Junta y el PSOE “no pueden minusvalorar lo ocurrido porque sólo se haya defraudado un dos por ciento de las cantidades dispuestas”.

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