La organización considera que la normativa debe establecer indemnizaciones si no hay respuesta por parte de las empresas.
El mes de plazo para contestar una reclamación por parte de las empresas que prestan servicios económicos de interés general es excesivo. Esta es una de las reclamaciones que Facua-Consumidores en Acción ha hecho al Proyecto de Ley de servicios de atención al cliente aprobado este viernes por el Consejo de Ministros. Por ello, Facua remitirá un informe al Gobierno y a los grupos parlamentarios ya que, a su juicio, “se queda demasiado corto en los avances”.
Facua denuncia que el plazo de un mes para contestar una reclamación es desmesurado, porque representa seis veces más de los cincos días hábiles fijados en la normativa del sector eléctrico, y el triple de los diez días establecidos en la legislación andaluza para responder las reclamaciones. La asociación considera que si no hay respuesta por parte de las empresas se deben establecer indemnizaciones, algo que no establece dicho Proyecto. En este sentido, Facua denuncia una importante carencia en la normativa de protección de los consumidores, sólo solventada en el sector eléctrico.
Por otra parte, según Facua, el Proyecto de Ley no debe limitarse únicamente a las empresas que prestan servicios económicos de interés general, sino a cualquier actividad que afecte a los consumidores, por lo que exige el establecimiento de unas obligaciones mínimas para todas las empresas que presten servicios o comercialicen bienes.
No obstante, la asociación de consumidores ha valorado uno de los puntos planteados en el Proyecto de Ley, la obligación de atender las quejas y reclamaciones a través de un teléfono gratuito, ya que según un estudio de Facua, en la actualidad sólo dos de cada diez empresas cuentan con él. En este sentido, reclamará la inclusión en esta obligación de determinadas cadenas de establecimientos comerciales. Para las empresas que no estén obligadas a contar con teléfonos gratuitos, Facua demandará que utilicen un número fijo con prefijo local.
En cuanto al régimen sancionador, el Proyecto de Ley establece que el incumplimiento de la norma será sancionado como infracción en materia de consumo, algo que, según Facua, provocará un caos en su aplicación y gran inseguridad.