La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) pretende obligar a  los alcaldes y cargos electos de los ayuntamientos a aplicar  un plan de austeridad que pasaría por rebajar su sueldo en sintonía con los funcionarios. Los partidos políticos se muestran a favor de la medida, reclamada en numerosos pueblos de la provincia de Sevilla.

Sevilla Actualidad. Entre un 15 y un 0,25 por ciento deberán rebajarse los sueldos los cargos de las administraciones municipales, según informó ayer Pedro Castro, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), como medida para la reducción del déficit público.

La Ejecutiva de la FEMP acordó por unanimidad una rebaja del sueldo de los alcaldes y cargos electos en función de la retribución que reciban y en sintonía con el decreto del Gobierno que sitúa esta reducción entre el 0,25% y el 15% para los funcionarios.

Castro ha informado que los alcaldes con sueldos similares al presidente del Gobierno experimentarían una rebaja salarial del 15%; la reducción en sueldos equivalentes a secretarios de Estado, sería del 10% y así sucesivamente hasta la rebaja mínima del 0,25%.

Los representantes de los municipios y provincias españolas deben saber su prioridad, explicó Castro;  «sacar a este país de la crisis; lo que los ciudadanos esperan de nosotros».

Los partidos, por la bajada de sueldos

La medida es similar a la que el PSOE trasladó el pasado 17 de mayo instando a los ayuntamientos andaluces gobernados por socialistas a aplicar lo acordado por su Ejecutiva federal para rebajar los sueldos de alcaldes y ediles en función de la población del municipio en el marco del Plan de Austeridad presentado por el presidente del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero, la semana pasada.

Por su parte, el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, mostró la disposición de su partido para pactar una moción que obligue a los regidores municipales a ajustarse el sueldo.

En la provincia de Sevilla, peticiones similares han sido una constante exigida por los grupos de oposición. La última, en Castilblanco de los Arroyos, población de  5.000 habitantes,  donde Nueva Izquierda Verde Andaluza (NIVA) instó al alcalde, Segundo Benítez (PSOE), a establecer topes en las remuneraciones que perciben los concejales liberados en el ayuntamiento, de forma que no se superasen en ningún caso los 1.500 euros mensuales, y se suprimieran «cargos de asesores y personal de confianza no necesarios».

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