La causa se refiere a los concejales del PP Eloy Carmona, Pilar Domínguez y Mercedes Fuentes, y al trabajador Juan Antonio Campos por irregularidades en la contratación de este último
El origen de todo el proceso se remontar a una denuncia del PA en 2013 debido a las supuestas irregularidades cometidas por el ayuntamiento de Tomares en la contratación de Campos, por una serie de informes de asesoría que solo contenían algunas líneas.
La juez que ha desestimado y archivado el caso hace referencia al auto del Supremo. Recuerda además que no se pudo acreditar que el alcalde actuara con arbitrariedad en los contratos con Campos: «no concurren indicios suficientes para sostener una acusación en tales términos, con la intencionalidad que se precisa”, afirmó.
De la misma manera ha concluido su veredicto sobre el resto de acusados, Alfonso Barrios, y de los ediles Eloy Carmona y Mercedes Fuentes, sobre quienes no estima que actuasen de modo intencionado y arbitrario «para aparentar una cobertura legal a una contratación ficticia» para justificar una retribución mensual de Campos por su relación con el partido.
Esta decisión judicial se produce después del anuncio el 17 de abril de 2015 del Tribunal Supremo, archivando el caso de los contratos firmados por el Ayuntamiento de Tomares, al no encontrar tampoco indicios suficientemente relevantes de prevaricación y malversación en José Luis Sanz.