El trabajador pedía una indenización de 180.000 euros por su despido, que según el PSOE, «fue por necesidad de reducir costes de la plantilla y no por cuestiones políticas».
Un juzgado de Sevilla ha desestimado la demanda presentada por un trabajador del Ayuntamiento de Aznalcázar contra el consistorio y contra la exalcaldesa Dolores Escalona por supuesta violación del derecho fundamental de libertad sindical y por el que reclamaba una indemnización de más de 180.000 euros.
La sentencia del juicio refleja que en su día el despido del trabajador, que fue posteriormente readmitido, no se realizó por motivos políticos sino por la necesidad en ese momento de reducir los costes de la plantilla y por razones de productividad, según el PSOE. El fallo del juzgado rechaza la acusación del demandante de que hubo “coacciones o amenazas por parte de Dolores Escalona durante la visita a la casa familiar del trabajador”.
En la sentencia queda demostrado que el trabajador no se encontraba en la vivienda en ese momento, por lo que no pudo ser objeto de ninguna amenaza, y que tampoco se encontraba presente la actual alcaldesa, Manuela Cabello.
Escalona gana el juicio a la portavoz del PP
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Sanlúcar La Mayor ha desestimado la denuncia por un supuesto delito de faltas y coacciones presentada por Antonia Ginés, presidenta del PP de Aznalcázar, contra Dolores Escalona.
Antonia Ginés afirmó en el juicio oral que siendo concejala del PP en el Ayuntamiento, la entonces alcaldesa la amenazó y coaccionó en varias ocasiones. El juzgado no ha tomado por cierta esa acusación porque, según indica la sentencia, “existe una enemistad de carácter político” entre ambas y, además, la denunciante no ha aportado pruebas que corroboren su acusación.
Asimismo, el juzgado ha desestimado los testimonios de los testigos presentados por la demandante porque no fueron testigos directos de los hechos, sino que solo se limitaron a relatar lo que Antonia Ginés les había contado.