El exalcalde de Alcalá de Guadaíra y diputado socialista en el Congreso Antonio Gutiérrez Limones ha declarado hoy en el Tribunal Supremo ante el magistrado Juan Ramón Berdugo por presunta malversación de fondos públicos en la gestión de la extinta sociedad municipal Alcalá Comunicación Municipal (ACM). La comparecencia de Gutiérrez Limones ante el juez ha durado menos de una hora y ha asegurado que actuó «conforme a la ley», al tiempo que ha rechazado los cargos que se le imputan en la causa. A su salida, el exalcalde socialista ha manifestado que «por fin después de tres años» ha podido dar las explicaciones y aclaraciones sobre las dudas que el procedimiento judicial ha dejado sobre su gestión al frente del Ayuntamiento alcalareño.
El diputado socialista confía en que se cierre el procedimiento judicial lo antes posible, tras «aclarar y dar las respuestas oportunas al juez y al fiscal». En este sentido, ha insistido en que «que todo se hizo conforme a la ley y espero que así lo valore el tribunal y así lo declare a la mayor brevedad posible». Asimismo, el diputado considera que «hay que esperar y que se haga justicia» tras aportar «toda la documentación posible».
Cabe recordar que la Sala II del Tribunal Supremo abrió causa penal al diputado del PSOE por Sevilla y exalcalde de Alcalá de Guadaíra Antonio Gutiérrez Limones para investigar posibles delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación en relación a las cuentas de la empresa pública ACM, vinculada al citado Ayuntamiento.
El Supremo recibió el pasado mes de junio exposición razonada del Juzgado de Instrucción número 2 de Alcalá de Guadaira que relataba una serie de hechos e indicios de delito en relación, entre otros, al aforado Gutiérrez Limones. El alto tribunal pidió un informe a la Fiscalía, que solicitó la apertura de causa penal y el nombramiento de instructor.
A tenor de lo descrito en la exposición razonada del juez, y de los datos que se concretan sobre posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, el Supremo asumió la competencia en lo que respecta a Gutiérrez Limones. Sin embargo, no accede a la petición del Juzgado de Alcalá de Guadaira de asumir también la competencia del resto de personas no aforadas.
En la exposición razonada remitida por el Juzgado al Supremo, se explicaba que la causa tenía su origen en la grabación de una reunión del contable de la empresa pública ACM S.A – constituida en 2001 y liquidada en 2013- con concejales del Ayuntamiento y personas vinculadas con el grupo municipal socialista, entre ellos la actual alcaldesa Ana Isabel Jiménez, donde el primero, sin saber que estaba siendo grabado, reconocía abiertamente una serie de irregularidades penalmente relevantes en el seno de la entidad.
La exposición razonada concluía afirmando que había indicios de la existencia de una estructura cerrada y coordinada dentro de los tres estamentos de la empresa ACM (Gerencia, Consejo de Administración y de la Junta General) “en la que mediante el incumplimiento deliberado de las obligaciones legales y estatutarias se llevó a la quiebra a la entidad pública y, finalmente, a la malversación de grandes cantidades de dinero público”. Y añadía que de todas estas actuaciones era conocedor directo Gutiérrez Limones, persona aforada.
En ese sentido, siempre según la exposición razonada, la investigación detectó que la empresa habría pagado un viaje de Gutiérrez Limones, su mujer y sus hijos a Madrid que no tendría nada que ver con el cometido de la empresa municipal.
Aparte de estos posibles actos directos de malversación, la exposición destaca la no adopción por el aforado de medidas “a las que estaba obligado legal y estatutariamente para evitar el saqueo de la entidad pública, circunstancia de la que era conocedor desde el inicio, por las manifestaciones reiteradas del Interventor y de los asistentes a la reunión con el contable. A pesar de lo cual se aprobaban año tras año las transferencias desde la Junta de Gobierno Local a favor de ACM hasta un total de 13.668.300,50 euros”.