El PSOE no actuará contra Gutiérrez Limones en la fase preliminar del procedimiento que lleva a cabo el Alto Tribunal.
El PSOE ha citado en Ferraz al diputado y exacalde de Alcalá de Guadaíra Antonio Gutiérrez Limones para pedirle explicaciones por el proceso judicial que a abierto el Tribunal Supremo por el «saqueo» de ACM.
Esta citación se produce después de que la Sala II del Tribunal Supremo abriera causa penal al diputado del PSOE por Sevilla para investigar posibles delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación en relación a las cuentas de la empresa pública ACM del Ayuntamiento alcalareño. El Alto tribunal ha nombrado instructor de la causa al magistrado de la misma Sala Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre.
José Luis Ábalos, secretario de Organización, pedirá explicaciones a Limones, pero no tomará represalias contra él en esta fase del procedimiento aún preliminar.
Según el código ético del PSOE, los cargos públicos y orgánicos están obligados a dimitir de forma inmediata si se les abre juicio oral en un procedimiento penal por delito grave porque, de lo contrario, serían suspendidos cautelarmente de militancia. El próximo paso del Supremo será dirigirse a la Cámara Baja para pedir el suplicatorio que le permita seguir con el proceso.
El Supremo recibió el pasado mes de junio exposición razonada del Juzgado de Instrucción número 2 de Alcalá de Guadaira que relataba una serie de hechos e indicios de delito en relación, entre otros, a la citada persona aforada. El alto tribunal pidió un informe a la Fiscalía, que solicitó la apertura de causa penal y el nombramiento de instructor.
A tenor de lo descrito en la exposición razonada del juez, y de los datos que se concretan sobre posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, el Supremo procede a asumir la competencia en lo que respecta a Gutiérrez Limones. Sin embargo, no accede a la petición del Juzgado de Alcalá de Guadaira de asumir también la competencia del resto de personas no aforadas.
En la exposición razonada remitida por el Juzgado al Supremo, se explicaba que la causa tenía su origen en la grabación de una reunión del contable de la empresa pública ACM S.A. (constituida en 2001 y liquidada en 2013) con concejales del Ayuntamiento y personas vinculadas con el grupo municipal socialista, entre ellos la actual alcaldesa Ana Isabel Jiménez, donde el primero, sin saber que estaba siendo grabado, reconocía abiertamente una serie de irregularidades penalmente relevantes en el seno de la entidad.
La exposición razonada concluía afirmando que había indicios de la existencia de una estructura cerrada y coordinada dentro de los tres estamentos de la empresa ACM (Gerencia, Consejo de Administración y de la Junta General) “en la que mediante el incumplimiento deliberado de las obligaciones legales y estatutarias se llevó a la quiebra a la entidad pública y, finalmente, a la malversación de grandes cantidades de dinero público”. Y añadía que de todas estas actuaciones era conocedor directo Gutiérrez Limones, persona aforada.
En ese sentido, siempre según la exposición razonada, la investigación detectó que la empresa habría pagado un viaje de Gutiérrez Limones, su mujer y sus hijos a Madrid que no tendría nada que ver con el cometido de la empresa municipal.
Aparte de estos posibles actos directos de malversación, la exposición destaca la no adopción por el aforado de medidas “a las que estaba obligado legal y estatutariamente para evitar el saqueo de la entidad pública, circunstancia de la que era conocedor desde el inicio, por las manifestaciones reiteradas del Interventor y de los asistentes a la reunión con el contable. A pesar de lo cual se aprobaban año tras año las transferencias desde la Junta de Gobierno Local a favor de ACM hasta un total de 13.668.300,50 euros”.