No deja de ser llamativo que, el actual concejal y Delegado de Gobernación y Seguridad en el Ayuntamiento alcalareño, sea representante sindical en excedencia de la Unión General de Trabajadores (UGT) en la Base Aérea de Morón de la Frontera.

Por eso el Partido Andalucista ha exigido al alcalde del municipio, Antonio Gutiérrez Limones (PSOE), que “se acaben las vulneraciones de los derechos fundamentales de los trabajadores”.

Para los andalucistas, esta sentencia saca a la luz “la doble catadura moral del PSOE”, ya que según ellos “por un lado se hace gala de una supuesta actitud de responsabilidad de las relaciones sindicales de García Torres, y por otro contrasta con una actuación despótica que el Delegado de Gobernación ejercita en su cargo público, sin respetar a los trabajadores».

Es por ello que el PA ha pedido a Gutiérrez Limones que ponga medios para que desde el Consistorio no se vulneren los derechos fundamentales que recoge la Constitución y que tome medidas drásticas contra quienes por su actuación política, se vean condenados por vulnerar derechos, como ha sucedido en este caso.

Por su parte el coordinador local de Izquierda Unida en Alcalá, Antonio Criado, pidió ayer a García Torres, que tienda puentes de diálogo  con los trabajadores  que haga posible  encontrar  una solución a los problemas actuales.

Esto ocurre después de que Criado, junto a los sindicatos y los partidos de la oposición, acudieran el miércoles a una reunión celebrada en la que se trató el tema de la condena al delegado de Gobernación y Seguridad.

El portavoz del grupo popular en el Consistorio, Javier Jiménez, pidió ayer al alcalde la destitución del delegado de Gobernación ante la condena del TSJA. Esto lo ha dicho ante los medios y a través de un escrito dirigido al Limones.

Según Jiménez, los motivos que llevan a los populares a pedir la destitución del delegado son “entre otras cosas, vulnerar los derechos sindicales, tal y como ha reconocido el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía; su desidia continuada en el ejercicio de sus funciones; y por no tener proyecto para la Policía Local”.

A juicio del edil popular “al señor García Torres le viene grande el cargo de delegado y no sabe qué hacer con el cuerpo de seguridad que le han encomendado”.

Javier Jiménez le ha reclamado al alcalde que “sea el propio delegado el que pague de su bolsillo los 1.000 euros, por ser él el autor del abuso, y no el Ayuntamiento con el dinero de los alcalareños”.

Además el edil popular califica de “increíble” que García Torres “haya vulnerado un derecho sindical cuando actualmente ostenta la Secretaría de Relaciones Sindicales de la Comisión Ejecutiva Local del PSOE”.

Pese al chaparrón de críticas lanzadas por los grupos políticos y los sindicatos, la portavoz del gobierno municipal, Laura Ballesteros, en la nota de prensa remitida ayer a los medios, no menciona en ningún momento el nombre del delegado de Gobernación, y no realiza ninguna mención explícita a la condena del TSJA.

En su respuesta, Ballesteros se limita a atacar a Javier Jiménez, acusándolo de estar liberado. Esta significa que tiene una excedencia en su empleo como profesor de educación secundaria, para dedicarse a la función de portavoz del grupo municipal popular.

Coincide que Jiménez ha sido el último portavoz en haberse liberado para centrarse en al Ayuntamiento (hace unos meses), frente al resto de concejales del Ayuntamiento con dedicación absoluta, que han estado liberalizados desde el comienzo de la legislatura.

Además, Laura Ballesteros ha añadido que «su falta de espíritu colaborador [de Jiménez] está obligando a que se eche de menos el talante de anteriores portavoces como Fernando Domínguez Palomo o Francisco Bautista».