En respuesta a las declaraciones municipales posteriores a la información de CCOO donde se decía que la Fiscalía imputaba a la portavoz municipal un presunto delito de prevaricación, la sección sindical recuerda que el Ayuntamiento ya perdió el juicio anterior por una cuestión similar y fue condenado a pagar las costas del mismo.
Sevilla Actualidad. La sección sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra ha emitido un comunicado en el que califica de «respuesta de manual de político en apuros» la contestación municipal a la información del sindicato en referencia a la investigación de la Fiscalía sobre un presunto delito de prevaricación de la portavoz municipal y delegada de Recursos Económicos, María José Borge (PSOE).
Tras publicarse la información del sindicato, desde el Ayuntamiento se envió un comunicado en el que se hacía referencia a intención municipal de tomar medidas legales «ante un posible delito de calumnias» por parte de CCOO. Ante esto, el sindicato responde ahora que una denuncia similar por parte del Gobierno de Gutiérrez Limones fue desestimada, y el Consistorio se vió obligado a pagar las costas del juicio.
El sindicato por su parte adjuntó comunicación de la Fiscalía donde se informa de la continuación de la investigación tras la presentación de una querella por parte del fiscal.
A continuación se reproduce el comunicado íntegro de CCOO:
1. Que el anuncio del Gobierno Municipal de “iniciar actuaciones legales por presuntas calumnias contra la Sección Sindical de CC.OO. de este Ayuntamiento” pretende tergiversar la información contratada y veraz que hemos dado, y, de paso, ocultar esta acusación de Fiscalía dirigida contra la Concejal y cualquier persona que hubiese intervenido en los hechos, por una pretendida comisión de Delito contra la Administración –prevaricación de funcionario o autoridad-.
2. Que en este sentido forma parte del “Manual clásico del político en apuros” esta “reacción querellante”, para tapar situaciones comprometidas (“nos reservamos las acciones legales que correspondan”, “hemos trasladado a nuestros servicio jurídicos”…), son expresiones clásicas, incluso ya castizas, que forman parte de este manual, que sólo pretende “echar balones fuera”.
3. Que tal y como señalamos anteriormente, no es posible aventurar el resultado de las Diligencias judiciales ni, en su caso, de la eventual sentencia que pudiera recaer como consecuencia de esta querella de Fiscalía, aunque sí es posible conocer la sanción que el art. 404 del Código Penal prevé de prosperar la misma, para la “autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto público: pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.
4. Que este último anuncio-respuesta del Equipo de Gobierno tampoco es novedoso: ya hemos sufrido en el pasado actuaciones judiciales por opinar de forma distinta y ejercer el derecho a la información: D. José María Núñez (Coordinador General Técnico) y la propia Dª. María José Borge, nos acusaronde “vulnerar su derecho al honor” , y pidieron, entre otros, 6.000 euros cada uno de ellos como compensación, pretensión ésta, junto con las restantes, que fueron desestimadas, imponiéndoles además la Audiencia Provincial el pago de las costas procesales.
5. Que lamentamos, sinceramente, que D. Antonio Gutiérrez Limones, Alcalde de la localidad hiciera oídos sordos al largo escrito que con fecha 6 de diciembre pasado le remitimos, dando cuenta, con pelos y señales, de los hechos que, ahora la Fiscalía considera lo suficientemente relevantes desde el punto de vista penal, como para ejercer la querella interpuesta. Sólo después de obtener el silencio por respuesta, y ante la falta de actuación del Alcalde, informamos el 23 de diciembre de estos mismos hechos a la Fiscalía.
6. Seguimos creyendo hoy, tal y como solicitábamos públicamente en diciembre pasado, que “es necesario una Comisión de Investigación sobre éste y otros contratos”. Tanto los del Ayuntamiento, como los de la Gerencia de Servicios Urbanos, y los de Alcalá Comunicación Municipal. Si “todos los contratos siguen los trámites legales pertinentes”, como afirma el Equipo de Gobierno Municipal, ¿Por qué no se crea esta Comisión de Investigación, que evite que sólo otros investiguen?. ¿Qué se teme?
no hace tanto, con motivo de una hoja informativa de CC.OO.,