Notificación de la Fiscalía

Así lo ha informado en una nota de prensa el sindicato CCOO, quién entregó la documentación en el juzgado, por lo que la Fiscalía ha puesto una querella  en el juzgado por un presunto delito de prevaricación de la concejal socialista por el caso del contrato con la empresa Mudarra.

Sevilla Actualidad. El Ministerio Fiscal ha presentado en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Alcalá de Guadaíra, una querella dirigida contra la Concejal-Delegada y Portavoz del Gobierno local, María José Borge Montero y “cualquier persona que hubiese intervenido en los hechos, por una pretendida comisión de Delito contra la Administración – prevaricación de funcionario o autoridad-“.

El origen de esta actuación del Ministerio Fiscal fueron sendos escritos presentados ante la Fiscalía de Sevilla el 23 de diciembre y 15 de enero pasado, por la Sección Sindical de CC.OO. del Ayuntamiento, y donde al amparo de lo previsto en el art. 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se ponían en conocimiento de la misma, los hechos de los que se tenían conocimiento en relación con la constitución e inmediata adjudicación sin licitación de un contrato de servicios a la empresa “Mudarra Gestión Deportiva S.L.”

Los hechos fueron, de forma resumida los siguientes: el 15 de octubre de 2009 se constituye la citada empresa, a la que el 6 de noviembre la Concejal-Delegada adjudica de forma directa un contrato por importe de 9.160 euros, en base a una “reconocida solvencia técnica y profesional” exigida por el Pliego de Prescripciones Técnicas, extremo este imposible por carecer la misma de actividad anterior. El 21 de diciembre la Concejal-Delegada resuelve el contrato por “renuncia del adjudicatario”.

En un comunicado, el sindicato CCOO aclara que “sin poder aventurar el resultado de las Diligencias Judiciales y/o de la eventual Sentencia que pudiera recaer, como consecuencia de esta querella que el Ministerio Fiscal ha interpuesto contra Dª María José Borges y cualquier persona que hubiera intervenido en los hechos, indicar que la pena prevenida por el art. 404 del Código Penal para “la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto público se castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años”.

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Christopher Rivas

Christopher Rivas

Licenciado en Periodismo y Máster en Sociedad, Administración y Política, puso en marcha el 'Proyecto Deguadaíra', germen de Sevilla Actualidad. Ha pasado por El Correo de Andalucía, Radio Sevilla-Cadena...