La moción aprobada a instancias de sus compañeras de formación y con el voto de calidad de la alcaldesa, no tiene efectos políticos. En el Pleno, también se ha aprobado la puesta en servicio del antiguo mercado y la recuperación de festivales de verano.
El último Pleno de Alcalá de Guadaíra, con Ana Isabel Jiménez como nueva alcaldesa del municipio, ha aprobado con el voto de calidad de la propia alcaldesa, una moción promovida por las dos concejales de Alcalá Puede escindidas de Podemos, Jesica Garrote y Sheila Carvajal, que tacha de «tránsfugas» a sus dos restantes compañeros de grupo, con el «compromiso» de «no colaborar» ni «apoyar» a ediles que hayan incurrido en «actos de transfugismo».
La moción tiene como objetivo «normalizar el funcionamiento de los grupos políticos municipales» y sus promotoras la justifican en el hecho de que en el reciente pleno de investidura celebrado a cuenta de la renuncia del socialista Antonio Gutiérrez Limones a la Alcaldía de Alcalá, los dos concejales de Alcalá Puede leales a Podemos, Áticus Méndez y Pedro Nieto, votaron a favor de la candidatura de la andalucista Lola Aquino, quien lideraba la propuesta de gobierno alternativo.
Para las concejales escindidas de Podemos, el apoyo de estos dos ediles a una candidatura ajena a la propia constituye «un acto de transfuguismo», por lo que la parte dispositiva de la moción implicaba los «compromisos» de «no colaborar con concejales que hayan incurrido en «actos de transfugismo», no apoyar sus iniciativas y no servirse de su respaldo «para promover la constitución, mantener o cambiar la mayoría del gobierno municipal». Sin embargo, la moción no tiene efectos políticos directos, al no tratarse de una resolución de transfuguismo.
Puesta en marcha del antiguo mercado y festivales de verano
En el Pleno, también se aprobaron varias medidas de los partidos de la oposición. El PP logró el respaldo «unánime» a dos de sus tres propuestas: la puesta en servicio del edificio del antiguo mercado y la redacción de la ordenanza de veladores fueron apoyadas por todos los grupos.
Los ‘populares’ están convencidos de que «solucionar el vacío legal en la concesión o no de terrazas y veladores, vendrá a beneficiar la actividad comercial y hostelera así como salvaguardar el derecho de los viandantes y del vecindario próximo a zona de veladores».
En cambio, la propuesta del PP para regular el problema de los gorrillas fue rechazada «por todos los grupos de izquierdas». Según los populares, la medida venía a «establecer un convenio con asociaciones sociales y benéficas de Alcalá de Guadaíra, que actualmente están trabajando junto a los Servicios Sociales Municipales, con el objetivo de dar una oportunidad a las personas a las que están ayudando».
El PA también ha sacado adelante sus mociones, que este mes abordaban la recuperación de los festivales de verano en el Castillo y la creación de una bolsa de empresas locales para fomentar la contratación de estas con el Ayuntamiento de Alcalá.
Con estas propuestas, a juicio de los andalucistas, «Alcalá podrá recuperar un referente cultural para la ciudad por un lado, y ayudará a fomentar que las empresas alcalareñas trabajen de la mano del Ayuntamiento de la ciudad, reforzando el tejido económico de Alcalá y la creación de empleo y riqueza en el término municipal alcalareño».
Protestas de las trabajadoras de Alcalá Innova
El colectivo de trabajadoras despedidas en octubre de 2015 de la Fundación Alcalá Innova, dependiente del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, protagonizó un acto de protesta en el último pleno ordinario de la institución municipal, en demanda del pago de las nóminas adeudadas y de sus liquidaciones.
Varias de las ex trabajadoras asistieron al último pleno ordinario del Ayuntamiento alcalareño, dando lectura a un manifiesto en el que rememoran sus despidos en octubre de 2015, «dejándonos a deber cinco nóminas y la liquidación correspondiente», tras «dos años de continuos retrasos en el pago de nóminas, reducciones de plantilla y reducciones importantes de salario, bajo un trato no siempre respetuoso».
Tras diversas reclamaciones y reuniones, según el colectivo, a finales de enero la concejal socialista Miriam Burgos anunció que la Fundación iba a recibir una transferencia, es decir «liquidez» para pagar las cuentas pendientes con estas extrabajadoras, si bien en aquellos momentos, según el colectivo, la Fundación había sido ya declarada «en concurso de acreedores», al instar tal extremo un proveedor que reclamaba sus pagos pendientes.
Lamentando la «dejadez absoluta del equipo de gobierno» por este asunto, las ex trabajadoras han demandado el pago de «los salarios trabajados y la liquidación que corresponde por haber trabajo entre 10 y 15 años para esta casa y para esta ciudad».