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Alcalá de Guadaíra

Limones niega tener “nada que ver” con el caso ACM

Defiende que “nunca” perteneció al consejo de administración de ACM ni tiene “nada que ver con lo que ha sucedido con la gestión de esa empresa”.

El alcalde de Alcalá de Guadaíra y diputado socialista, Antonio Gutiérrez Limones, ha calificado de “trámite administrativo” la providencia en la que el juez que investiga la extinta sociedad municipal Alcalá Comunicación Municipal (ACM) y que ordena a las Cortes que remitan testimonio de su acta de diputado “a la mayor brevedad posible”. El alcalde ha admitido las “connotaciones” de esta decisión judicial, pero niega tener “nada que ver” con el caso.

Limones sigue defendido que “nunca” perteneció al consejo de administración de ACM ni tiene “nada que ver con lo que ha sucedido con la gestión de esa empresa” y ha añadido que “llevo más de 20 años como alcalde y nunca he tenido una imputación”. Y ha esgrimido avisando de que en la mencionada providencia, el juez instructor “no habla de imputación”.

Además, Limones ha defiendo que aunque el último atestado de la Guardia Civil sobre la investigación de la gestión de ACM le atribuye “responsabilidades” al haber manifestado el interventor del Ayuntamiento de Alcalá que le “comunicó” a él personalmente las incidencias detectadas en la empresa y que no habría puesto a disposición de este alto funcionario los “recursos” necesarios para actuar, media en el asunto un “certificado” en el que este habilitado nacional, según el alcalde, se retracta de dicha tesis. 

En el citado atestado, los agentes exponen que si bien ACM fue constituida en 2001 con un objeto social “enfocado a la gestión de los medios y prestación de servicios de comunicación públicos del Ayuntamiento”, el objeto social de esta sociedad fue ampliado dos años más tarde “de forma indeterminada”, toda vez que la jurisprudencia “es unánime al exigir que el objeto social no sea ambiguo o indeterminado, porque ello impide un conocimiento cabal de la oportunidad y conveniencia de la constitución de la sociedad”. 

Al respecto, ha defendido que él mismo, por “iniciativa” propia, envió “a la Cámara de Cuentas de Andalucía” las cuentas de ACM al tener conocimiento de “posibles irregularidades”. Por último, se ha quejado de la “más absoluta indefensión” que sufre porque no cuenta con ninguna “notificación” oficial de las decisiones judiciales relacionadas con esta investigación, que trasciende públicamente “cada vez que hay elecciones”. “Nos vamos a personar en la causa”, ha dicho.

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El caso ACM 

El 19 de junio de 2013 las fuerzas de oposición del Ayuntamiento alcalareño entregaron una denuncia a la Fiscalía, relativa a los gastos de esta sociedad municipal entonces en periodo de liquidación. La denuncia contenía una grabación en la que el entonces contable de la sociedad, Javier Luque González, hablaría de la supuesta financiación de gastos particulares y privados de todo tipo, con cargo a las cuentas de la entidad, figurando el propio alcalde entre los beneficiarios de esta práctica según el testimonio del contable.

Los gastos facturados a ACM pero ajenos a sus fines, según la posterior investigación, incluirían supuestamente “viajes a Puerto Rico, Sierra Nevada o Estados Unidos”, así como “una operación quirúrgica” a la que se habría sometido el gerente, José Luis Díaz, o “regalos” tales como “relojes y libros”, así como una mesa de ping-pong adquirida como “regalo” para el hijo del alcalde.

El asunto supuso la incoación de diligencias por parte del Juzgado mixto número dos de Alcalá y un atestado inicial de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial reflejaba la localización de facturas por valor de 976 euros cargadas a las cuentas de ACM por un viaje a Madrid que incluyó billetes de tren, alojamiento en un hotel, y entradas al parque de atracciones Warner y al parque temático Faunia.

El Gobierno municipal, de su lado, esgrime que hay “pruebas” de que tres de las cuatro facturas de ese viaje no fueron abonadas por la citada sociedad municipal y niega las acusaciones, toda vez que el más reciente de los atestados de la Policía Judicial de la Guardia Civil da cuenta de que ACM encargó a diferentes proveedores trabajos o suministros “sin presupuesto previo” e incluso “sin contrato”, incurriendo en un “incumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público” tanto por este extremo como por una presunta “fragmentación” intencionada de su facturación.

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