“Opacidad” y “silencio” del PSOE en el caso ACM
El análisis de la contabilidad refleja que ACM percibió del Consistorio alcalareño más de lo aprobado en las Juntas de Gobierno. Firmas presuntamente falsificadas y deudas a la Seguridad Social, entre las irregularidades halladas.
La investigación sobre las irregularidades en la empresa pública de comunicación de Alcalá, la ya liquidada ACM, suma y sigue. El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra transfirió entre 2007 y 2013 un total de 10,4 millones de euros a la extinta sociedad pública. La cantidad supone 686.000 euros más de las que fueron aprobadas en las Junta de Gobierno.
La investigación realizada por el Equipo de Delitos Económicos de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla ha hallado un desfase entre los acuerdos aprobados por el Gobierno municipal y las transferencias realizadas y otras irregularidades respecto a los productos bancarios. La más significativa que ponen de manifiesto es la presunta falsificación de firmas para sacar fondos de las cuentas de la empresa pública.
Según exponen los agentes, existen “indicios racionales” de que el ex contable falsificaba la firma de la presidenta de ACM –quien fuera teniente de alcalde, Guillermina Navarro- en cheques y otros documentos para obtener dinero en metálico de las cuentas de ACM. Dinero que, según Luque, entregaba a los responsables de la empresa pública, Manuel Costillo o José Luis Díaz.
Los investigadores señalan que este extremo debe ser confirmado por peritos calígrafos pero hacen hincapié en las “significativas diferencias” registradas entre distintos cheques por valor de miles de euros que se extraían de las cuentas de la sociedad.
A través de cheques al portador los investigadores estiman que durante estos años los gestores habrían extraído de las cuentas de la empresa pública unos 800.000 euros –casi la totalidad en efectivo- en 198 operaciones. De ellos, 400.000 euros fueron incorporados a la caja física de ACM, según reflejan sus libros.
Facturas falsas para maquillar viajes privados
Los agentes dan también veracidad al testimonio del ex contable y señalan que, aunque no lo han podido comprobar documentalmente, existen facturas expedidas a nombre de la empresa con conceptos “muy genéricos” con los que se pagaban servicios “que ya se estaban dando a ACM por otras empresas”.
La Guardia Civil califica estos movimientos de “sospechosos” y señalan que “podría coincidir” con lo narrado por el contable: la utilización de facturas falsas para maquillar gastos privados, como un viaje a Puerto Rico efectuados por directivos de la entidad.
Los agentes han hallado numerosas deudas contraídas entre ACM y la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. La Guardia Civil destaca cómo en estos años, la empresa pública solicitó en varias ocasiones aplazamiento para el pago de las retenciones al trabajo. Estas incidencias obligaron a pagar, posteriormente con recargos de hasta el 20% las deudas a la Administración.
Para los investigadores, las deudas contraídas así como los continuos aplazamientos solicitados “no hace sino reforzar la idea de que el dinero público que entraba en ACM no se le daba el uso para el que estaba autorizado”. Los agentes reconocen que “no se entiende” cómo desde 2007 ACM poseía estas deudas que le obligaban a pedir los aplazamientos de pago.