Ecologistas celebran el cambio en la autorización ambiental de la cementera Portland
La organización Alwadi-ira-Ecologistas en Acción alerta de que el Ayuntamiento de Alcalá guarda «silencio» ante el proyecto de instalar una incineradora de residuos en la cementera de Portland Valderribas.
La organización ecologista Alwadi-ira – Ecologistas en Acción, se ha mostrado en contra de la respuesta que el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra le ha dado al Defensor del Pueblo, en relación a la queja interpuesta por «incumplimiento de la legislación vigente en materia de procedimiento administrativo, derecho a la información a la ciudadanía y dejación de las funciones de carácter medioambiental».
Los ecologistas denuncian el silencio ‘cómplice’ del Ayuntamiento para situar una incineradora de residuos en la cementera Portland Valderribas, ubicada muy cerca del núcleo de población alcalareña. Lamentan que no han recibido respuesta del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, directamente, sobre el asunto motivo la queja, ni la solicitud de copia del informe que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio le requirió en relación con el proyecto.
En este sentido, los ecologistas se muestran contrarios a la respuesta que el Consistorio ha ofrecido al Defensor del Pueblo Andaluz sobre este tema. A juicio de los ecologistas, en dicha respuesta, el Ayuntamiento de Alcalá «no ha mostrado impedimento alguno, desde el punto de vista urbanístico, para que se puedan llevar a cabo las modificaciones y ampliaciones solicitadas» puesto que el informe de Viabilidad Urbanística emitido por el Ayuntamiento tuvo carácter positivo.
Señalan que el informe solicitado por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente no se llegó a emitir y que, transcurridos 30 días desde la solicitud del informe, el expediente de Autorización Ambiental Integrada continuó su curso.
Asimismo, utilizan la Ley de Régimen Local para destacar que el Ayuntamiento tiene las competencias en la protección del medio ambiente y denucian que «opta por una posición aparentemente legal, desde el punto de vista formal, pero que de hecho no asume las competencias que le otorga la Constitución y la Ley».
«El Ayuntamiento podría haber planteado infinidad de cuestiones en el informe: impacto paisajístico, incremento del tráfico, el perjuicio que supone el añadir la incineración masiva de residuos a otras contaminaciones y riesgos ya existentes en nuestro pueblo, la necesidad de gestionar los residuos de una manera sostenible, los efectos que tendrá sobre el empleo o sobre la instalación de otras actividades, sobre los equipamientos y infraestructuras necesarios, la recogida y tratamiento de aguas residuales, etc», señalan los ecologistas.