La oposición ya denunció que un tercio de las viviendas del municipio se habían visto afectadas por este “cobro indebido”.

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra ha ordenado la retirada y paralización de los recibos de la tasa de basura industrial hasta que se compruebe lo realmente ocurrido en la gestión de este padrón. Una decisión tomada después de la denuncia de la oposición que alertaba de que un tercio de las viviendas de Alcalá se habían visto afectadas por el cobro indebido de la tasa de basuras.

El delegado municipal de Hacienda, Salvador Escudero, ha manifestado que una vez detectado el motivo de las incidencias “se tomarán las medidas correspondientes para que no vuelvan a producirse”.

Asimismo, el delegado quiere tranquilizar a los ciudadanos ya que “estas incidencias, aún siendo importantes para los contribuyentes afectados, suponen un porcentaje pequeño sobre el volumen de recibos gestionados por ARCA, lo que facilitará el proceso de revocación y corrección pertinentes”.

En este sentido, ha aclarado que este servicio se sigue prestando en las mismas condiciones y ha pedido a la oposición y, principalmente al Partido Popular, que en estas cuestiones fundamentales “no se pierda el consenso que ha imperado hasta ahora, ya que perjudica seriamente a la imagen de la ciudad en algo tan sensible como la contribución de cada ciudadano a las arcas municipales, donde además se están tomando medidas para que esta contribución se adapte a la situación real de las familias alcalareñas y sobre todo a aquéllas que estén en una situación más desfavorecida”.

El PA se pregunta por qué «no se ha aplicado durante una década”

Las reacciones no se han hecho esperar. El concejal de Asuntos Económicos del Grupo Andalucista en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, Ramón Ramos, ha lamentado que “el Gobierno socialista vuelva a ir a la zaga de nuestras denuncias a raíz de la auténtica avalancha de protestas por parte de empresarios locales debido a la aplicación de la ordenanza de 2002 por la cual se cobra la tasa de basura industrial según el número de epígrafes en los que el empresario esté dado de alta en el IAE”.

Según Ramos, “entre la multitud de casos, nos encontramos el de profesionales alcalareños que aunque tienen su domicilio aquí, mantienen su despacho en Sevilla, y que se han visto sorprendidos por el cobro de una tasa desmesurada por un servicio que, además, no está consumiendo en la ciudad”.

El concejal andalucista ha preguntado a Limones que “si la ordenanza es del año 2002 y hasta 2013 no la han empezado a aplicar tal y como se recoge en la misma, ¿qué han estado haciendo desde entonces los distintos delegados de Hacienda?”.

Sin embargo, la principal crítica de los andalucistas pasa por “el retraso excesivo en la rectificación de la medida, pese a que llevamos días avisando de buena fe al gobierno del PSOE, de las protestas ante las elevadas tasas a empresarios pequeños”.

Para el PA, “esto es fruto de la tradicional prepotencia del gobierno socialista que aunque esté haciendo las cosas rematadamente mal, han necesitado que el empresariado local lo abrume a protestas para reconocer el error, de forma que no les ha quedado otra que paralizar de inmediato el proceso de cobro”.

«Cualquier ciudad necesita reglas de juego homogéneas, estables y conocidas y que se huya de la discrecionalidad y la arbitrariedad, que es lo que ha ocurrido: había una norma, conocida, pero que no se usaba y ahora arbitrariamente y sin conocimiento de nadie se lleva a raja tabla. Esto nos lleva a preguntamos quién tiene que pagar el pato, ¿los empresarios por que deben pagar lo que dice la norma, o el alcalde que de manera arbitraria y discrecional no la ha cobrado, durante más de una década?. Desde luego lo que no puede ser es que el afán recaudatorio de Limones acabe asfixiando al pequeño y mediano empresario local en plena crisis”.

Los dos ediles andalucistas realizarán mañana en el Pleno una pregunta al alcalde alcalareño para que aclare “qué ha pasado y dónde se ha producido el error, y lo más importante: por qué durante una década se ha aplicado de forma errónea la polémica ordenanza municipal”.

Ramos ha concluido manifestando que “esto es lo peor que puede pasarle a una ciudad, que lo que busca es atraer inversiones para generar empleo, porque el empresariado lo que quiere es seguridad jurídica y solidez, no meteduras de pata de sus gobernantes”.

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