La formación lamenta que todos los días en el Consistorio haya colas interminables de ciudadanos esperando para ser atendidos.

El Partido Popular de Alcalá de Guadaíra ha propuesto al equipo de Gobierno local que implante en la administración municipal el acceso electrónico integral.

Los populares, conscientes de la pérdida de tiempo que puede llegar a suponer para los ciudadanos tener que asistir personalmente al Ayuntamiento o a las distintas delegaciones municipales para realizar gestiones burocráticas, ha planteado la necesidad de poner en práctica a la mayor brevedad los medios técnicos necesarios para que todas las gestiones con la administración “puedan hacerse de forma telemática y con todas las garantías de seguridad”.

Desde el PP aseguran que “diariamente se pueden observar largas colas de ciudadanos esperando para poder ser atendidos por la administración del consistorio”, algo que para María del Carmen Rodríguez Hornillo “no es de recibo, máxime cuando hoy en día casi todas las administraciones públicas ofrecen desde hace bastante tiempo el servicio de acceso electrónico”.

Rodríguez Hornillo ha valorado positivamente los numerosos beneficios que la implantación del sistema telemático repercutirían tanto en los ciudadanos como en la propia administración municipal, entre ellas, el incremento de la eficacia de la administración al reducir considerablemente el tiempo en la atención personal y, por otro lado, evitar a los proveedores del Ayuntamiento y a todos los alcalareños en general “las molestias que supone el desplazamiento y el tiempo perdido en la espera”.

Esta fórmula, que si bien no es una novedad y que cada vez está más extendida entre todas las administraciones públicas, tanto a nivel estatal como autonómico y local, deja al sistema tradicional seguido hasta ahora por el ejecutivo de Gutiérrez Limones “obsoleto e inoperante”, según el PP, a lo que añaden, “se hace imprescindible la aplicación de este derecho que se le ofrece al ciudadano desde el año 2007 según se recoge en la Ley 11/2007 de 22 de junio, en la que se le reconoce su derecho a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas, así como la obligación de éstas a garantizar ese derecho y su seguridad”.