La sesión plenaria del mes de mayo en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, marcada por las presuntas irregularidades en la extinta empresa municipal Alcalá Comunicación Municipal que investiga la Fiscalía, se ha desarrollado también en un clima especialmente tenso para los informadores.
De esta forma, los periodistas e informadores que realizan habitualmente el seguimiento a la actualidad municipal en Alcalá han sido insultados e incomodados por algunos miembros del público presente en la zona habilitada para ello.
De hecho, incluso la Policía Local ha obligado esta vez a los informadores a situarse tras la baranda metálica que separa las sillas del público del lugar que ocupa la Corporación municipal. Se da el caso de que, hasta el momento, estos venían ocupando lugares más próximos a los concejales para poder filmar y fotografiar debidamente las sesiones.
La situación ha llegado a tal extremo que uno de estos informadores ha interpuesto una denuncia ante la Policía Nacional tras sentirse increpado, amenazado y perseguido a la salida del pleno. A su vez, otros profesionales del municipio han recibido durante el desarrollo del mismo amenazas para que no tomasen imágenes del público asistente al pleno municipal.