La Fiscalía envía al Supremo la investigación sobre Limones
El Gobierno local asegura que existe una campaña de «acoso y derribo» de la oposición contra Limones
ACM: Una empresa liquidada entre sospechas
Los tres partidos de la oposición con representación en el Ayuntamiento de Alcalá se personarán -PP e IU como acusación particular y PA como acusación popular- si se abre la instrucción del caso en el Tribunal Supremo.
Así lo han anunciado en las últimas horas tras conocerse que la Fiscalía de Dos Hermanas ha derivado al mismo órgano del Tribunal Supremo la investigación por la que se intenta esclarecer si el alcalde de Alcalá de Guadaíra, Antonio Gutiérrez Limones, usó dinero público para costear gastos privados.
De esta forma, el Partido Popular de Alcalá de Guadaíra ha manifestado no estar sorprendido ante los hechos que sobre la empresa municipal de comunicación están siendo destapados desde la prensa, porque si bien “siempre lo sospechamos, es ahora la Justicia la que ve indicios claros de delito”.
De esta forma, los populares, “ante el nivel de corrupción y el grado de degradación que Gutiérrez Limones está llevando al Gobierno de la ciudad”, ya han avanzado que se presentarán como acusación particular en el caso de la empresa pública Alcalá Comunicación si éste finalmente sigue su curso, un caso que la Fiscalía ha elevado al Supremo por la condición de aforado del alcalde.
En este sentido, su portavoz municipal, María del Carmen Rodríguez Hornillo, ha afirmado que “queremos estar informados de los avances en las investigaciones que desmantelen el entramado de corrupción de Gutiérrez Limones”.
Desde el PP han mostrado su satisfacción por cómo la Fiscalía y las autoridades que han estado investigando han llevado el proceso hasta ahora y aseguran que seguirán “colaborando y aportando como hasta ahora toda la información que en relación con el caso puedan encontrar, bien a la Fiscalía de Dos Hermanas o al Supremo en Madrid”.
En este sentido, los populares sostienen que “aún quedan muchas cosas por salir a la luz, cosas que ya denunciamos anteriormente, pero que ahora empiezan a tomar más sentido dentro de la difícil ecuación de corrupción que ha rodeado a la empresa pública de comunicación del alcalde”.
Así, Rodríguez Hornillo ha preguntado a Gutiérrez Limones “dónde están los 950.000 euros que Alcalá Comunicación recibió por la firma de convenios urbanísticos en el marco del PGOU de 2009 y que nunca llegó a ver la luz. Este dinero lo recibió esta empresa pública para supuestamente dar a conocer el nuevo Plan de Ordenación Urbanística de Alcalá, pero como este plan nunca llegó a desarrollarse, tampoco se realizaron los trabajos por los que la empresa pública cobró más de 950.000 euros”.
El PA aboga por la acusación popular
Asimismo, el Partido Andalucista intervendrá en el procedimiento relativo a la investigación de la Fiscalía sobre las presuntas irregularidades y posible uso indebido de fondos públicos de ACM ejercitando la acusación popular.
Así lo ha acordado la formación tras un encuentro mantenido con los servicios jurídicos. Los andalucistas abogarán por la acusación popular “dada la redacción de los artículos 125 de la Constitución Española y los artículos 101 y 170 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en virtud de los cuales es dicha vía por la que se interviene en defensa de los intereses públicos”.
Para los andalucistas, la intervención como acusación particular se encuentra limitada al ejercicio exclusivo de la acción penal. Frente a esto, y movidos por el interés de defensa de los alcalareños el PA abogará, llegado el momento, por la acusación popular por tres motivos: que no quede sin castigo un delito que perjudique al pueblo de Alcalá de Guadaíra; participar en nombre de la ciudadanía, de quien emana la Justicia, en la instrucción del sumario en una labor vigilante y fiscalizadora de la actuación de los órganos de Administración de Justicia; y colaborar con la Administración de Justicia en la instrucción con los medios a su alcance.
Ante esto, la portavoz del Partido Andalucista en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, Lola Aquino, ha señalado que “al haber sido uno de los denunciantes ante la Fiscalía, apostamos por mantener el criterio de la representación popular a la hora de que el PA se persone en las actuaciones que se deriven de la acción de la Fiscalía ante el Tribunal Supremo”.
Aquino ha señalado que “es el sentimiento de defensa de lo público la vía por la que vamos a optar, y no por interés personal del PA en busca de una acusación penal”. La portavoz andalucista ha añadido que “una vez que se ejerza la acusación del PA del modo expuesto, nos dirigiremos a través de nuestro representante procesal al órgano instructor a fin de hacer valer nuestra intervención representando los intereses de todos los alcalareños”.
IU acusa al PSOE de “victimismo”
Finalmente, el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, Alberto Miranda, considera “una falta de respeto enorme hacia la ciudadanía la postura que ha adoptado el Partido Socialista después de hacerse pública esta información”.
“El PSOE ha intentado establecerse como una víctima de un supuesto complot, cuando en realidad estamos ante un presunto caso de cohecho, malversación de fondos, falsedad documental y tráfico de influencias que afecta directamente al alcalde de la localidad”, asegura.
“Esperamos que a partir de ahora el Partido Socialista colabore de manera activa con la justicia, respetando el proceso judicial abierto que acaba de llegar al Tribunal Supremo y concentre su esfuerzo en depurar responsabilidades en lugar de lanzar falsas acusaciones”.