Imputada por prevaricación la portavoz del PSOE de Alcalá
La delegada de Educación en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, María José Borge, acudirá el próximo 23 de mayo a declarar como imputada por un presunto delito de prevaricación cuando ocupaba el Área de Servicios Económicos.
La delegada de Educación en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, María José Borge, acudirá el próximo 23 de mayo a declarar en calidad de imputada por un presunto delito de prevaricación cuando ocupaba el área de Servicios Económicos y Recursos Humanos en el Consistorio alcalareño. El Juzgado de lo Penal Nº 14 de Sevilla ya ha notificado a Borge que la celebración de Juicio Oral para esa fecha.
Según ha podido conocer Sevilla Actualidad, la fiscalía solicita para María José Borge una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de ocho años. Asimismo, también pide la misma pena para Juan Antonio Marcos Sierra, técnico municipal al que el ministerio público considera “cooperador necesario” de un presunto delito de prevaricación.
La actual delegada de Educación fue imputada en 2011 por la presunta contratación irregular de una empresa de gestión deportiva, a denuncia del sindicato CCOO, que está personado como acusación particular del caso. Entonces el juzgado estimó el recurso formulado por CCOO a una anterior resolución en la que se estimaba el sobreseimiento provisional de las actuaciones. El nuevo auto acordaba proseguir las actuaciones también respecto a María José Borge, y no sólo dictaminar la responsabilidad del técnico municipal.
La contratación objeto de la denuncia es la de la empresa Mudarra Gestión Deportiva S.L. a la que se adjudicó de forma directa la dirección de la política deportiva municipal en noviembre de 2009. El contrato ascendía a 9.160 euros, por lo que se trata de un contrato menor.
En este caso, la contratación se formula entonces por “una reconocida solvencia técnica y profesional” de la empresa, que era una de las exigencias del pliego de prescripciones técnicas. Sin embargo, la empresa seleccionada se constituye el 15 de octubre de 2009 y el contrato se produce el 6 de noviembre, sin apenas tiempo para hacer valer esa “reconocida solvencia” exigida, tal y como denunció en su día CCOO. Asimismo, un mes después se resolvió el contrato por «renuncia del adjudicatario».
La noticia, conocida un mes antes de las últimas elecciones municipales, no supuso la exclusión de Borge de las listas electorales como solicitaron todos los grupos de la oposición sino que, tras la victoria del PSOE en los comicios, pasó a ser la tercera teniente de alcalde, dirigiendo el Área de Políticas Estratégicas del Consistorio, un cargo que ostenta en la actualidad.
El Gobierno local señalaba por entonces que “no existe ninguna acusación” contra la delegada “porque el procedimiento que mencionan determinadas acusaciones está en la primera fase de investigación”. Asimismo, argumentaba que la imputación de Borge sólo implicaba “el derecho de defensa necesario en un estado democrático, y que se trata meramente de una cuestión de interpretación jurídica, concretamente sobre las normas de capacitación y solvencia exigibles al adjudicatario de un contrato menor”.