Representantes políticos y sindicales se han reunido este lunes con los 70 trabajadores afectados por el cierre de la planta de Puleva.
La secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, junto al presidente del PSOE de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, el alcalde de Alcalá de Guadaíra, Antonio Gutiérrez Limones, y una representación de diferentes partidos políticos y sindicatos, se reunieron en la tarde de este lunes bajo el denominado Protocolo de Defensa de la Industria Sevillana, con los 70 trabajadores y trabajadoras afectadas por el anunciado cierre de la planta de Puleva de Alcalá de Guadaíra, encabezados por su Comité de Empresa.
Una reunión que servirá, según informaba Verónica Pérez, “para que se sepa que los socialistas sevillanos vamos a luchar porque no se cierre Puleva. Nos reunimos con todas estas familias porque queremos mandarle un mensaje a Lactatis y decirle que creemos que esta planta es un ejemplo, un referente en la provincia, y que queremos evitar su cierre. Por eso le pedimos a la empresa que reconsidere su posición sobre esta factoría. Le pedimos a la industria de la provincia de Sevilla que se mantenga porque entendemos que la reforma laboral está provocando consecuencias terribles. Por este motivo, los trabajadores y trabajadoras sevillanas nos van a encontrar de su lado”.
Para Verónica Pérez, parece fundamental que se plantee un plan de viabilidad para esta factoría que fue adquirida en 2010 y que en 2012 cerró una línea de producción. “Puleva es una empresa nacional, con plantas en todo el país, pero la decisión que tiene que tomar no puede perjudicar a Alcalá. Se puede hacer mucho para evitarlo. Sus responsables tienen que sentarse con el Gobierno Nacional y establecer un Plan de Viabilidad.
Lo pedimos, como también le pedimos al Gobierno de Mariano Rajoy lo mismo que el Alcalde Gutiérrez Limones, es decir, que se desarrolle un Plan de Reestructuración para esta zona de la provincia que se caracteriza por su nivel de industrialización y que es particularmente sensible a la crisis”. Una prioridad para Pérez, que entiende que subyace “un problema de origen, que es la reforma laboral, que fue la primera medida que tomó el Gobierno de Rajoy, y que permite casos como éste, en el que se pisotean los derechos de los trabajadores. Hay que decir que esta empresa tiene beneficios (70 millones), y que no puede despedir a 70 familias. Este planteamiento tiene la oposición y el rechazo de los socialistas sevillanos”.