La oposición de Alcalá se planta por el incumplimiento de los acuerdos plenarios
El Partido Andalucista ha denunciado ante la Fiscalía que el alcalde de Alcalá siga cobrando la plusvalía a las daciones en pago pese a que en pleno se acordó su eliminación.
La portavoz del Partido Andalucista (PA) en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, Lola Aquino, junto al secretario provincial del PA en Sevilla, Manuel Visglerio, y acompañada por el diputado del PA en Sevilla, Alberto Mercado y la secretaria local de la formación en la capital, Lola Dávila, ha presentado hoy, en la Audiencia Provincial de Sevilla, una denuncia por prevaricación administrativa por omisión contra el alcalde de Alcalá de Guadaíra, Antonio Gutiérrez Limones (PSOE).
El documento entregado a la Fiscalía se centra en los incumplimientos por parte del alcalde de los acuerdos adoptados en el Pleno municipal. En concreto, los andalucistas hacen referencia al incumplimiento del acuerdo aprobado por el pleno de junio de este año por el cual el Consistorio no gravaría con el impuesto del incremento sobre el valor de los terrenos –la Plusvalía- a los propietarios que entregaran su vivienda como dación en pago. La propuesta recoge una modificación puntual para que este impuesto municipal sea cobrado en estos casos específicos, a la entidad bancaria o terceros que, aprovechando esta situación de desesperación por parte de las familias, se hagan cargo del bien inmueble.
El citado acuerdo fue aprobado a propuesta del Partido Andalucista, por lo que Lola Aquino ha dicho “que la denuncia ante la Fiscalía no es más que el cumplimiento del deber que tenemos los concejales andalucistas de velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados, porque además los vecinos de Alcalá están esperando que entre en vigor lo antes posible”.
La denuncia de los andalucistas sostiene que tanto la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local en su artículo 51, como el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, recogen “que los actos de las entidades locales son inmediatamente ejecutivos”.
Recoge el texto que ya está en manos de la Fiscalía que “existe una clara omisión del deber del alcalde en lo referente a llevar a cabo la ejecución del acuerdo plenario mencionado”. El citado incumplimiento supondría según el artículo 404 del Código Penal al que alude la denuncia del PA, la inhabilitación como cargo público de entre siete y diez años.
Los andalucistas han denunciado además de que “la no ejecución de los acuerdos plenarios no es un hecho aislado derivado de la pérdida de la mayoría absoluta de Limones en el Pleno, sino que hemos entregado documentación que demuestra que esta tónica se ha venido dando durante los últimos años de Limones como alcalde, incluso cuando el PSOE ha promovido las distintas propuestas de acuerdo”.
El Gobierno denuncia un pacto «antialcalá»
El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra denuncia que el pacto anti-Alcalá está realizando propuestas demagógicas conscientemente para crear un ambiente contrario al Equipo de Gobierno dentro de un juego sucio que terminará en los tribunales.
La portavoz municipal, Miriam Burgos, ha “lamentado la errática escala de prioridades de la oposición con la concejal tránsfuga, que prevén judicializar la política alcalareña en su estrategia para eliminar la competencia política limpia y democrática”.
Burgos ha explicado que cuando habla de “manipulación de la opinión pública” se refiere a que “la oposición lleva a pleno propuestas de gestión por la vía de urgencia y sin informes técnicos ni jurídicos que puedan constatar la viabilidad o no de las mismas, pero eso no lo explican porque no les interesa que se sepa. Esas propuestas son para engañar a la ciudad y eso se llama demagogia”.
La portavoz municipal explica que “el único programa político de este acuerdo de siglas es ensuciar la imagen del alcalde y de Alcalá, y con esa carencia ideológica así les ha ido y así les va”.
En este sentido, la delegada ha apuntado que “esta denuncia del PA es una estrategia más del pacto anti-Alcalá, alianza que está contraviniendo todas las disposiciones de la Ley Antitransfuguismo”.
“Lamentamos que la oposición esté judicializando la vida política y ya adelantamos que próximamente vamos a tener otras denuncias de IU y PP dentro de estrategia que continuará hasta el propio día de las elecciones”–ha continuado-.
«Parece que la vida política de la ciudad tendrá que ir pasando por los tribunales y si es necesario defenderemos en ellos nuestra gestión y denunciaremos el juego sucio que están imponiendo. De hecho, el Gobierno está estudiando la posibilidad de denunciarlos por prevaricación, por llevar acuerdos a pleno de consabido imposible cumplimiento”.
Sin embargo, Burgos ha aclarado que “el ejecutivo local no se perderá en estas estrategias puesto que tiene bien definidos sus objetivos: la defensa de sus ciudadanos y el trabajo diario por la Alcalá del presente y del futuro. Mientras ellos se preocupan por denostar la imagen de la ciudad, este Equipo de Gobierno va a seguir trabajando por solucionar los problemas de los alcalareños, porque es su responsabilidad y su prioridad, aunque otros tengan otras prioridades”.