El PP asegura que el Consistorio alcalareño ha sido condenado judicialmente por estos hechos.
El Partido Popular de Sevilla ha informado de que el juzgado de lo Social número tres de Sevilla ha condenado al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, gobernado por el socialista Antonio Gutiérrez Limones, y a la empresa adjudicataria de su servicio municipal de recaudación e inspección tributaria, al detectar una “cesión ilegal” de trabajadores de dicha empresa “a favor” de la administración local.
La sentencia expone los casos de dos trabajadores de la empresa ‘Coordinadora de Gestión de Ingresos S.A.’ (CGI), adjudicataria en 2008 de un contrato promovido por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra para la “prestación de servicios complementarios al funcionamiento de los órganos municipales de gestión, inspección y recaudación”. Ambos forman parte de una oficina conocida como “ARCA Gestión Tributaria y Recaudación”, integrada por dos funcionarios del Ayuntamiento, cuatro trabajadores contratados por el mismo y “varios más contratados formalmente por CGI”.
Las demandas de estos trabajadores, así, se dirige contra la “cesión ilegal de trabajadores de CGI a favor del Ayuntamiento”, dado que el “jefe” de la oficina es un “funcionario municipal” y todos los trabajadores de este centro de trabajo, ya sean empleados de CGI o trabajadores públicos, comparten horarios y condiciones laborales y están sujetos a la dirección de un funcionario. El local de ARCA y los recursos de la oficina, usados “indistintamente” por los trabajadores de CGI, los trabajadores municipales y los funcionarios, pasarían además a manos del Consistorio una vez finalizado el contrato entre la empresa y la administración local, según la sentencia.
“En nuestro ordenamiento laboral, sólo se admite la cesión de trabajadores realizada a través de empresas de trabajo temporal”, señala esta sentencia, que declara la “existencia de cesión ilegal de trabajadores de CGI en favor del Ayuntamiento”, declarando el derecho de los demandantes, ambos trabajadores de CGI, a “integrarse como personal fijo” en la citada empresa o como “personal indefinido-no fijo del Ayuntamiento”.
En ese sentido, la sentencia censura duramente “el intento de desdibujar y ocultar la interposición ilícita” de esta oficina, el “intento de aparentar que existe una verdadera externalización lícita de funciones” y actos que no son sino “una mera fachada, faena de aliño, burdo atrezzo jurídico con el que tratar de hacer ver que quien mandaba sobre el personal contratado por CGI estaban bajo su mando, cuando (…) el mando real y efectivo lo tenía el Ayuntamiento a través de su organigrama jerárquico”
Tanto CGI como el Ayuntamiento, así, son condenados a través de esta sentencia que, no obstante, es susceptible de recurso de súplica ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
El PP pide explicaciones
Merced a esta sentencia, el secretario general del PP de Sevilla, Eloy Carmona, y la diputada provincial y portavoz del grupo popular del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, María del Carmen Rodríguez Hornillo, han recordado que en abril de 2012 finalizó la concesión administrativa otorgada por el Consistorio a CGI para la gestión de este servicio y desde entonces trabaja “sin contrato y con una prórroga más que dudosa”. “Limones ha mantenido a CGI al frente de la recaudación de forma ilegal”, han asegurado.
La sentencia, según los populares, pone de relieve la “nefasta” gestión del Gobierno local de Antonio Gutiérrez Limones en cuanto a su servicio de recaudación e inspección tributaria, enfatizando la “cesión ilegal” de trabajadores señalada por la propia sentencia. Los populares, así, reclamarán “explicaciones” en el pleno sobre los hechos censurados por esta sentencia y no descartan acciones judiciales al respecto.
Igualmente, han manifestado que dado que uno de los trabajadores incluidos en la sentencia ejerció labores de “inspección”, los expedientes elaborados por el mismo podrían ser “nulos”, aspecto que el PP prevé averiguar en el plano jurídico.