La Consejería ha exigido la devolución de una subvención más los intereses que, en total, alcanza la cifra de 386.545,76 euros.
El Grupo municipal Popular de Alcalá de Guadaíra ha asegurado hoy que el Ayuntamiento de la localidad “sigue tirando a la basura el dinero de los alcalareños” tras conocer el requerimiento que desde la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía se ha remitido al consistorio alcalareño para la devolución de una subvención de 386.545,76 euros por “incumplimiento de sus obligaciones”.
En 2008 se concedió al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra una subvención para la ejecución de un carril bici “que nunca se ha llegado a ejecutar”, recuerda el PP. “De hecho, las obras llegaron a comenzarse pero, al resultar un proyecto nefasto, con un diseño del recorrido tan mal concebido e irrealizable, la inmensa mayoría de los ciudadanos rechazaron esta torpe iniciativa del gobierno socialista”.
Así, el PP ha recordado que, en uno de los tramos que se iniciaron, “los ciclistas debían de circular por el centro de una calzada de doble sentido, protegidos únicamente del resto de los vehículos por una delimitación de postes de plástico, poniendo de esta manera en grave riesgo a los usuarios del carril bici”.
La ejecución de este tramo, que entre su instalación y desmantelamiento costó más de 90.000 euros, ha de sumarse a la cantidad de dinero que ahora el Ayuntamiento está obligado a pagar a la Junta de Andalucía.
“Entre el capital principal a devolver -319.500,00 euros- más los intereses de demora por 67.045,76 euros y lo que costó montar y desmontar el fracasado proyecto de carril bici, suman un total de 476.545,76 euros que ahora las arcas públicas se ven obligadas a desembolsar”.
“Desde que la Consejería concedió la subvención, ha ido prorrogando los plazos para la ejecución del carril bici -que en un principio era de dieciocho meses- dando así la oportunidad al Gobierno de llevar a cabo las obras. Sin embargo, el equipo de Gutiérrez Limones no sólo no ejecuta las obras sino que además se permite el lujo de demorar la devolución de la subvención, provocando de esta forma que los costes se incrementen con intereses, en este caso 67.045,76 euros, una cantidad que hubiera aliviado la situación de varias familias que actualmente no tienen ni para comer”.
“No es la primera vez, pero sí esperemos que sea la última, que el Gobierno ha de pagar sumas elevadas de intereses por no hacer las cosas en su momento”, ha afirmado la responsable popular.
Según María del Carmen Rodríguez Hornillo, “se evidencia una vez más que la deficiente gestión del dinero público del equipo de gobierno le acaba costando el dinero a los de siempre, a los alcalareños”.
El Ayuntamiento “cumple la Ley y los compromisos”
Mientras tanto, el equipo de Gobierno de Alcalá de Guadaíra ha salido al paso de las críticas del PP aclarando que “no permitiremos que se ponga en duda la gestión de los recursos económicos de la ciudad”.
Según el responsable municipal de Hacienda, Salvador Escudero, “este equipo de Gobierno gestiona con transparencia y eficacia el dinero de todos los ciudadanos, y poner eso en duda es inadmisible”. Escudero explica que “este Ayuntamiento cumple la Ley y los compromisos”.
Refiriéndose al carril bici en cuestión, el equipo de Gobierno detalla que, dadas las condiciones y requisitos de la subvención y la orografía de la ciudad, había pocas posibilidades de diseño. “Se eligió un proyecto con bolardos que funciona en otras ciudades pero que en Alcalá no gustó, no encontrándose, sin desviarse de los requisitos, otras alternativas que pudieran cumplir con el fin del objetivo concreto”.
El delegado ha matizado que “en la gestión de las subvenciones públicas es usual la devolución de éstas total o parcialmente, marcando la normativa la cantidad de intereses que vienen a compensar la disponibilidad de liquidez de la administración beneficiaria. Ésta ha permitido, en el caso de Alcalá, haber podido realizar pagos y ayudas a familias de la localidad. Además”, insiste Escudero, “este dinero no va a revertir en un privado, sino en una administración autonómica con la que se sigue colaborando para el bienestar de la ciudadanía”.