Los impagos amenazan el futuro del tranvía
El Consistorio adeuda a la Junta 22 millones de euros en concepto de obras, que debería haber terminado de abonar este año aunque aún no ha hecho efectivo ni un pago.
En la espiral de impagos y paralizaciones que afectan a la continuidad del tranvía de Alcalá de Guadaíra, y que mantienen la infraestructura paralizada desde 2011, el Ayuntamiento alcalareño también cuenta con su cuota de responsabilidad. Según fuentes municipales, el Consistorio aún no ha abonado «ni un solo euro» de los 22 millones (el 17% del total de la obra) que le corresponde pagar por el coste de la infraestructura, en virtud del convenio de financiación suscrito en 2009 con la Junta de Andalucía.
En dicho documento, se recoge un calendario de pagos donde se obliga a repartir entre ambas administraciones -Junta y Ayuntamiento- el coste de construcción de la infraestructura -133 millones- en cinco pagos, desde el 2008 hasta llegar a 2013, cuando el Ayuntamiento de Alcalá debería aportar un último pago de 6,6 millones.
Sin embargo, aunque la obra se paralizó por la falta de inversión por parte de la Junta de Andalucía, los impagos por parte del Consistorio se producen desde que se iniciaron las obras. Asimismo, según ha denunciado el PP del municipio, principal partido de la oposición, además de no hacerse efectivo hasta el momento ni uno de los 22 millones que se adeudan, “no existe plan de pago por parte del ayuntamiento, ni siquiera en el plan de amortización de deuda previsto hasta 2026”. Preguntado por esta redacción, el Equipo de Gobierno municipal no ha ofrecido detalles al respecto.
Aunque aún no existe fecha y todo indica que será más tarde que pronto, la puesta en servicio del tranvía, también supondría un problema para el Consistorio alcalareño puesto que tendría que correr con nuevos gastos. Según el convenio de financiación, el Ayuntamiento tiene que hacer frente a una inversión de 350.000 euros anuales en concepto de explotación, una difícil circunstancia para las actuales arcas, a juicio de los populares, quienes ya han denunciado en reiteradas ocasiones la deuda de la Administración local alcalareña.
En este sentido, pese a que el Ayuntamiento está incumpliendo desde 2009 sus compromisos de pago, el Gobierno municipal, liderado por el alcalde Antonio Gutiérrez Limones (PSOE), ha instado en varias ocasiones y apoyado a través de mociones institucionales a la Junta de Andalucía a que concluya las obras del tranvía de Alcalá, aduciendo que el coste de terminar la obra es menor al de mantenerla paralizada. En ninguna de estas peticiones se ha hecho alusión a cuándo la administración que lidera afrontaría sus deudas con la autonómica.
Por su parte, desde la Consejería de Fomento y Vivienda, no han querido hacer sangre con el asunto. Aseguran que están siendo flexibles con los ayuntamientos y que no se están utilizando todos los mecanismos para reclamar los compromisos de pago dada la situación actual. «No se ha forzado la máquina» para obligar al Ayuntamiento de Alcalá a cumplir sus compromisos de pago, reconocen estas fuentes, toda vez que la obra está paralizada y sin fecha para su reinicio.
Sin embargo, estas fuentes advierten de que, una vez se reactiven las obras, la Administración autonómica probablemente ponga en marcha los procedimientos para solicitar las obligaciones de pago, como ya ha hecho con los metropolitanos de Sevilla, Málaga o Granada, donde sus respectivos ayuntamientos han recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para frenar la obligación de hacer frente a sus pagos. En algunos casos, como en Sevilla o Mairena del Aljarafe, el TSJA está dando la razón a los ayuntamientos, suspendiendo de forma cautelar, sus facturas con la Junta, unos precedentes a los que podría acogerse el Consistorio alcalareño.
Un convenio ratificado en un pleno ‘fantasma’
El convenio de financiación suscrito en 2009 entre el Ayuntamiento y la Junta esconde además, otros incumplimientos. El acuerdo exigía que los representantes firmantes –el por entonces consejero de Obras Públicas y Transportes, Luis Manuel García Garrido, y el alcalde de Alcalá de Guadaíra, Antonio Gutiérrez Limones- actuaran en nombre de sus respectivas administraciones.
Sin embargo, según denuncia el PP de Alcalá, nunca se suscribió en el pleno dicho convenio, como marca la ley. De hecho, el documento no contiene la fecha en la que el pleno del Ayuntamiento alcalareño autorizó dicho acuerdo. En su lugar, el documento contiene un espacio en blanco.
No ha sido hasta hace unos meses cuando el pleno ha ratificado un convenio que tenía que haber pasado por el órgano plenario hace cuatro años. Los populares denunciaron esta circunstancia a través de un escrito en el que instaban a la Consejería de Fomento a obligar a Gutiérrez Limones a someter el convenio a la aprobación de la Corporación municipal e incluso contemplaban llevar al alcalde a la vía judicial por «incumplir sus obligaciones legales».