Para el sábado hay convocada una Junta General extraordinaria, reclamada por la oposición, y otra ordinaria para aprobar la liquidación de la sociedad. La baja de una concejal del PP y la postura de la concejal no adscrita serán claves.
La empresa Alcalá Comunicación Municipal (ACM) tiene los días contados. A priori, la disolución de una sociedad municipal casi ha dejado de ser noticia en los últimos meses salvo en los casos, como éste, en los que median denuncias por irregularidades y opacidad en el proceso de liquidación.
Precisamente ACM ha sido en los últimos años objeto de diversas críticas de la oposición por los altos montantes económicos destinados por el gobierno alcalareño mediante transferencias a esta sociedad municipal que además de gestionar la emisora de radio pública, Radio Guadaíra, ha venido editando la revista municipal mensual ‘La Revista de Alcalá’, así como organizando o ofreciendo soporte en el ámbito comunicativo a actos municipales del Ayuntamiento.
Pero la oposición alcalareña, formada desde 1995 por PP, PA e IU, siempre ha dirigido sus denuncias hacia ACM –y en especial hacia su dirección- amparándose en el uso de ‘cajón de sastre’ de esta empresa pública. Las denuncias han sido diversas por casos como el de las vallas publicitarias procedentes de las obras del Plan E, del gobierno de Zapatero. Entonces el PA denunció el uso por parte de ACM de más de una docena de vallas públicas que, sin encomienda ni autorización formal alguna por parte del Ayuntamiento, venía gestionando la empresa de comunicación para sus campañas publicitarias.
Cabe recordar que la empresa es una sociedad anónima, regulada por el derecho mercantil, aunque cuenta con el 100% de su capital público. El Consejo de Administración ha contado con representantes de PP (desde sus inicios), PA (hasta 2007) y de IU (desde sus inicios), aunque la mayoría siempre la ha ostentado el gobierno local del PSOE. Asimismo, la el máximo órgano de la entidad, la Junta General de Accionstas lo conforman los ediles de la Corporación municipal, en la que durante los doce años de historia de ACM, el alcalde ha contado con una mayoría absoluta incontestable.
Ya a finales del pasado año, también el PA denunció el supuesto uso irregular de ACM para la compra de ropa deportiva, pese a no ser objeto de la misma, y por emitir posteriormente una factura a pagar por el propio ayuntamiento, pese a ser una sociedad 100% de capital público.
El gobierno local insiste en que ACM ha sido durante muchos años la entidad instrumental dedicada a desarrollar eventos en la ciudad que «fomentaban la participación, el asociacionismo o el deporte, y que dieron a conocer los recursos de la localidad fuera de nuestras fronteras, como ciudad organizadora de exposiciones y congresos y eventos de carácter nacional o internacional» y «no es sólo una sociedad de comunicación como muchas veces se quiere hacer ver», añade.
Sin embargo a raíz de que el gobierno del Estado aprobara el Plan de Ajuste derivado de la aprobación del Plan de pago a proveedores en febrero de 2012, que recogía la necesidad de disolver todas las empresas con pérdidas por debajo de la mitad del capital social, el Ayuntamiento se vio obligado a liquidar la sociedad.
El gobierno de Limones celebra que en la Junta General, la comisión liquidadora dará cuenta, «tal y como marca la ley», de todas las actuaciones que ha venido realizando para poder llevar a cabo la liquidación “siguiendo las instrucciones recibidas por la Junta General y del Pleno de salvaguardar los puestos de trabajo y pagar a todos los deudores de la sociedad”.
Grupos de la oposición como el PP criticaron que con la disolución de ACM, se hace “un borrón y cuenta nueva para continuar con su actividad dentro de otra sociedad municipal, Innovar Alcalá”, que será la empresa pública que absorba a toda la plantilla de ACM, incluida, la directiva, con la que la oposición se ha mantenido especialmente beligerante por las contínuas transferencias de dinero público que requería esta sociedad, en torno al millón y medio de euros cada año. Asimismo, también denunciaron la quita que el Consistorio estaba concediendo a determinados proveedores así como la transferencia de 450.000 euros desde las arcas públicas que se concedía a la empresa para su liquidación.
La liquidación, pendiente de dos concejales
El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra ha convocado para las 9:00 horas de este sábado una Junta General ordinaria para aprobar la liquidación de la sociedad anónima municipal. Sin embargo, se ha visto forzado a convocar media hora antes (8:30 horas) otra Junta General, en este caso, extraordinaria, después de la petición conjunta de todos los partidos de la oposición –PP, PA e IU- en el Consistorio.
En la Junta General, el gobierno local presentará el Balance Final de Liquidación a fecha 04/06/2013, las actuaciones llevadas a cabo por la comisión liquidadora y el proyecto de cuota de liquidación para su aprobación, toda vez que “se han cumplido todas las condiciones marcadas por la Ley”, según aclara en un comunicado. Asimismo, elevará para su aprobación antes del 31 de junio, tal y como marca la ley, las Cuentas Anuales 2012 una vez formuladas por la Comisión.
PP, PA e IU denunciaron su exclusión de la Junta Liquidadora de la empresa local, hasta el punto de presentar el pasado 24 de mayo la petición de una Junta General Extraordinaria de ACM. La intención de los partidos es poder conocer las facturas y deudas contraídas por la sociedad municipal y a las que el Ayuntamiento debe hacer frente antes de ejecutar su liquidación por completo.
Los portavoces de los tres grupos opositores se quejan de que “el Equipo de Gobierno ha tratado por todos los medios de ocultar a la oposición las condiciones en las que se estaba llevando a cabo” así como “tampoco ha querido facilitar ningún tipo de documentación ni explicación de las decisiones que se están tomando». El Consistorio, por su parte, argumentaba que la comisión liquidadora trabajaba en todo momento cumpliendo con lo establecido por la legislación mercantil.
En este Junta Extraordinaria, los portavoces solicitarán conocer las cuentas y la actividad de la comisión liquidadora y, presumiblemente, rechazarán en la votación las cuentas de la liquidación de la empresa pública. En este sentido, juegan un papel fundamental dos concejales.
Por un lado, la ya concejal no adscrita, Laura Ballesteros, quien, entre los motivos de su salida, se encontraba el desacuerdo con los criterios de transparencia y fiscalización que utilizaba el Gobierno municipal. Ballesteros reclamaba una mayor fiscalización de sociedades públicas como ACM y, en esta Junta, podría traducir a la práctica sus palabras sacando a la luz las cuentas y facturas que demanda la oposición.
Junto a Ballesteros, existe una concejal del PP que se encuentra de baja por maternidad, algo que le impediría acudir a la Junta General. Si, como es de prever, la oposición vota en contra de la liquidación de la sociedad, su ausencia, provocaría un empate técnico entre ediles, circunstancia que se resolvería con el voto de calidad del alcalde. En cambio, su presencia, paralizaría la liquidación y obligaría a aclarar las cuentas.
Desde la oposición se asegura que la intención es liquidar la sociedad y cumplir con la ley pero rechazan aprobar unas cuentas a las que no han tenido acceso y de las que han sido excluidos durante todo el proceso de disolución de la sociedad.