Deguadaíra/Agencias. Un lustro después, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía –TSJA- da la razón a los populares alcalareños en la polémica modificación presupuestaria de 2003. Así, la Justicia no hace más que reafirmar algo que ya había confirmado la Cámara de Cuentas de Andalucía, que la alteración de las cuentas en 1,7 millones de euros para sufragar los gastos corrientes del gobierno socialista de Gutiérrez Limones se hizo “no conforme a derecho”.

Para el portavoz municipal del PP, Javier Jiménez, y el jefe de la asesoría jurídica de la formación, Luis García Navarro, dicen que la decisión de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA evidencia que “el PSOE maneja las cuentas del Ayuntamiento de Alcalá a su antojo, saltándose a la torera la legalidad vigente”.

“Las operaciones de crédito en la hacienda local están totalmente prohibidas cuando es para gasto corriente, si no se estipula y justifica, como ha ocurrido en este caso”, apuntaron los dirigentes populares en la rueda de prensa celebrada ayer.

El grupo de la oposición en el Consistorio alcalareño va más allá y achaca gran parte de la responsabilidad al actual alcalde, el socialista Antonio Gutiérrez Limones, “que permitió esta irregularidad”. Además, para Jiménez, “esta sentencia confirma, una vez más, el poco rigor administrativo del equipo de gobierno socialista y la soberbia del antiguo delegado de Hacienda, Ángel Martínez Alfaro, que dejó su cargo tras descubrir los concejales del PP que conducía sin permiso de circulación”.

Es por ello que, tras este pronunciamiento judicial, el PP local reclama a la concejal de Hacienda, María José Borge, que “anule todas las operaciones de modificaciones de crédito ilegales realizadas desde 2003 y retrotraiga todos los pagos que no están ajustados a derecho en los presupuestos para 2009”. Unos pagos que, según la información que maneja la formación política, “podrían ascender al menos a 6,83 millones de euros”.

El equipo de gobierno socialista de Alcalá de Guadaíra aprobó, con los votos en contra del Partido Popular, en el pleno celebrado el 18 de septiembre de 2003, una modificación presupuestaria por valor de 1,7 millones de euros para atender los gastos corrientes del Ayuntamiento.

Para el abogado popular, su formación “ya lo advirtió en las distintas sesiones plenarias en las que se abordó este asunto, por lo que se vio obligado a llevarlo a los tribunales”. Así mismo, Luis García Navarro ha afirmado que “el equipo de gobierno socialista ha vulnerado la Ley de Haciendas Locales, tras haberlo advertido no sólo el PP, sino también la Cámara de Cuentas de Andalucía y, ahora, el TSJA”.