La denuncia de los ex trabajadores le atribuye al alcalde de Alcalá de Guadaíra el papel de “mediador en la sombra” en la inclusión de 31 ‘intrusos’.
El Juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla ha puesto sus miras en el alcalde socialista de Alcalá de Guadaíra, Antonio Gutiérrez Limones, en la investigación del expediente de regulación de empleo de la base aérea de Morón de la Frontera.
De esta forma, y según ha podido conocerse hoy, este Juzgado ha abierto diligencias previas a cuenta de la denuncia presentada por antiguos trabajadores de la base y en la que se reconocen “indicios” de fraude, prevaricación, financiación ilegal y tráfico de influencias. Todo ello para incluir a 31 ‘intrusos’ entre los 150 puestos de trabajo afectados por el ERE acordado entre la empresa y los sindicatos.
En lo que respecta al alcalde alcalareño, la denuncia le atribuye, junto a la comisión ejecutiva de la agrupación socialista de Alcalá, “financiación ilegal y tráfico de influencias”, al tiempo que ve prevaricación en la delegada provincial de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía
Y es que, la denuncia de los ex trabajadores atribuye a Gutiérrez Limones el papel de “mediador en la sombra” en la negociación de este ERE, en cuyas “reuniones” con Vinnell-Brown ant Root Spain, comité de empresa e instituciones habría participado “sin que se conozca quién le designa como tal”. Mientras tanto, la misma denuncia alerta de que el concejal socialista en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, Francisco García Jiménez, “renunció a sus cargos” y se reincorporó a VBR, donde se beneficiaba de una excedencia, en septiembre de 2010, “una semana después de que fuera elaborada la lista de trabajadores afectados por el ERE y dos semanas antes de que se solicitara el ERE”.
Cabe recordarse que este expediente de regulación de empleo en la base aérea de Morón de la Frontera afectó a 119 trabajadores, después de que la cifra fuese rebaja desde los 150 inicialmente previstos.
La denuncia se apoya en uno de los informes de la Inspección provincial de Trabajo y Seguridad Social en el que se especifica que “examinados los contratos de trabajo y contrastadas las altas y las bajas, se ha detectado que 31 empleados causaron baja en la empresa con anterioridad al acuerdo suscrito”, constituyendo esta “irregularidad”, “un indicio racional de fraude”.