Los populares vienen acusando al Gobierno local de crear una “administración paralela a su medida”.
La Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía ha sancionado en grado máximo, con la consideración de grave, al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra por vulnerar el Estatuto de los Trabajadores.
Concretamente, la actuación que ha originado la acusación y la sanción económica correspondiente ha sido la de encubrir contrataciones eventuales como indefinidas. De hecho, el Partido Popular ya había acusado a los responsables socialistas de crear una administración paralela “a su medida”.
“Actualmente, el Ayuntamiento alcalareño tiene a más del 20% de la plantilla contratada a través de contratos temporales, que prorrogándolos de forma ilegal año tras año desde el 2005 hasta el día de hoy consiguen de esta manera contratar a quienes ellos quieran”, ocupando plazas de funcionario que, de otra forma, debieran haber convocado los preceptivos concursos públicos de oposición. “Pero, de esta manera, no tendrían el control del arma política que supone la contratación a dedo”, ha afirmado la edil popular.
El PP, que pedirá explicaciones al alcalde Gutiérrez Limones por este fraude de Ley, ha recordado a través de su portavoz María del Carmen Rodríguez Hornillo que “los responsables socialistas parecen no escarmentar, ya que en el 2010 la concejal María José Borge fue acusada en los juzgados por prevaricar en contrataciones irregulares de personal”.
En el mismo sentido, la concejal de la agrupación popular ha advertido de que “si una administración pública no cumple la Ley, ¿cómo puede después exigir a los ciudadanos que lo hagan?”, y ha recordado que dio la oportunidad al gobierno socialista en el último Pleno Municipal ordinario para que “aprobando la moción presentada por el PP sobre la creación de una bolsa de trabajo público totalmente transparente, se retractaran de sus prácticas habituales en la contratación de personal”.