El gobierno «pone en riesgo la salud laboral de la plantilla municipal», han denunciado los sindicatos, que además critican el rechazo a «toda participación» y a «la negociación sindical».

Los sindicatos piden que «no se siga obligando a los empleados y empleadas municipales a correr riesgos innecesario» y critican que «es una grave imprudencia que hoy más de 160 trabajadores y trabajadoras municipales estén trabajando sin Evaluación de Riesgos por Covid-19». En este sentido, exigen que cumplan las medidas de protección frente al COVID-19 que se prevean para cada departamento  y la formación básica necesaria.

Además, solicitan que «se ponga fin a la precariedad e ilegalidad en materia de salud laboral» y que se constituya y se doten los Servicios de Prevención propios del Ayuntamiento. Asimismo, piden que se respeten las normas del gobierno central sobre el carácter prioritario del teletrabajo para «garantizar que todas aquellas tareas o actividades que se puedan realizar sin menoscabo del servicio, de forma no presencial se realizarán mediante teletrabajo hasta tres meses posteriores a la finalización del estado de alarma».

Como ya venían solicitando en los últimos días, han vuelto a pedir que «que ningún empleado que pertenezca a los grupos de riesgos», según se determina por Ministerio de Sanidad, «sea obligado a trabajar de forma presencial sin contar previamente con el visto bueno de los servicios médicos del servicio de prevención, o alternativamente con una propuesta de baja laboral».

También piden medidas de conciliación claras: «que ningún empleado o empleada municipal con menores de 14 años o personas mayores a su cargo tenga que dejarlos desasistido para realizar trabajo presencial. Si no fuera posible la asignación de teletrabajo, se le conceda permiso retribuidos por deber inexcusable». Por último, reclaman test para toda la plantilla.

«Prepotencia» del gobierno

Los sindicatos UGT, CCOO, SEM, SPPME, USO, CSIF han firmando un comunicado en el que afirman que «no es de recibo las actitudes de prepotencia, falta de información, diálogo y acuerdo con los representantes de los empleados y empleadas municipales de la Delegada de Recursos Humanos».

«El talante autoritario está permanentemente conduciendo a la Delegación a un callejón sin salida», sostienen, y «la atención al público se resiente y la salud laboral se pone en riesgo». Además, acusan al gobierno de impedir un servicio de calidad y excelencia al ciudadano «con su mala gestión en prevención de riesgos laborales».

Francisco Amador

Licenciado en Periodismo. Actualmente en Sevilla Actualidad y La Voz de Alcalá. Antes en Localia TV y El Correo de Andalucía.

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