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Tribuna

Libres de acoso: un precio muy caro aún

La Hispalense pide perdón a las mujeres acosadas por el catedrático Romero

La sentencia que condena a Santiago Romero a una pena de prisión e indemnización a sus víctimas, no sólo pone en cuestión la trayectoria y actitud de este catedrático y profesor de la Hispalense, sino que saca las vergüenzas de una institución que debiera ser ejemplo de transparencia y honestidad social.

Tras darse a conocer la sentencia condenatoria, que da por probados hechos de acoso sexual y laboral contra las tres denunciantes, la Universidad de Sevilla, se ha apresurado a ejecutar medidas en consecuencia. Sin embargo, la lógica nos hace cuestionarnos si esta supuesta celeridad, no está llegando demasiado tarde.

Según informaciones remitidas por el SAT (Sindicato Andaluz de Trabajadores), la institución no ha sido todo lo contundente que hubiera podido ser; si bien, pone en valor el apoyo y actitud de muchas personas, que desde diversos ámbitos de la universidad, han apoyado una cuestión que en la Facultad de Ciencias de la Educación, no era desconocida 

Por otro lado, una conocida plataforma de recogida de firmas virtual, aloja una campaña en que se solicitan apoyos para la retirada de la medalla que el Consejo Superior de Deportes concedió a Romero en 2010.

Respetar las presunciones

Como ya han podido leer en diversas informaciones, fue el Rectorado de la Universidad de Sevilla quien, al conocer los hechos denunciados, considerando que estos eran constitutivos de delito, instó a que el asunto fuera tratado en los tribunales de justicia.

Con frecuencia nos quejamos de lo lentos y farragosos que resultan los procesos legales, no es queja exenta de motivos; pero si bien esta acusación también se ha reiterado en este caso, no podemos decir que otras instituciones, como la US, hayan sido más rápidas que las salas de justicia.

En palabras de una de las víctimas, la universidad ha sido muy cuidadosa con la presunción de inocencia de Santiago Romero, si bien, no ha cuidado de igual manera la presunción de víctimas de tres mujeres, que si bien han debido esperar que la justicia diera por probados los hechos denunciados, en su día no consiguieron que los indicios que aportaban, lograran algún tipo de medida cautelar por parte de la institución educativa.

En parte esto dificultó tanto la recuperación de estas mujeres, como el desarrollo normalizado de sus vidas; cuestión que refleja el hecho de que no pudieran  permanecer en su lugar de trabajo, mientras el catedrático continuaba con su actividad académica y profesional en perfecta normalidad.

En una sociedad que a diario reivindica claridad y transparencia de sus instituciones, que pretende reclamar una incansable lucha contra la corrupción política, cabe analizar por qué no exigimos lo mismo en todos los ámbitos sociales.

Si se exige, no con falta de razón, la dimisión de dirigentes y mandatarios cuando las sospechas son tan numerosas como para sembrar la duda, y se considera un rasgo de honestidad dimitir cuando se inicia un proceso legal, sin esperar al resultado de este ¿cómo resulta comprensible que la Hispalense haya esperado a una sentencia para tomar medidas de impacto real?

Hemos asistido a como se pide perdón a las víctimas, mientras por otro lado se proclama que la US hizo todo lo que podía o debía hacer. Es una cuestión discutible, sobre todo si tenemos en cuenta que la sentencia aún no es firme, y cabe presumir que se recurrirá, además de que el citado profesor sigue gozando de la categoría funcionarial y percibiendo un 75% de su sueldo. 

Un problema de contexto

Hará unos meses, en una mesa redonda celebrada en un auditorio perteneciente a la US, el Dr. Miguel Lorente, forense, profesor, Director del Secretariado para la Igualdad y la Conciliación de la Universidad de Granada y figura destacada en la lucha contra las violencias machistas; afirmaba que pocas instituciones perviven tan intactas desde la Edad Media hasta la actualidad como la universitaria. En su argumentación, aducía que la Universidad es un sistema jerárquico en que se intercambia protección a cambio de poder.

Quienes se dedican a la carrera académica, independientemente de que sufran indeseables episodios de acoso como los de este caso; tienen asumido que existe un orden estamental por el que hay que pasar, de un modo u otro. 

A la hora de buscar culpables, responsabilidades varias o señalar a personas, debemos asumir que nos encontramos ante un problema contextual, es decir, el acoso laboral y sexual de estas docentes se ha producido porque se encontraban en un contexto que propiciaba y permitía que esto ocurriera.

Por otra parte, no podemos ni debemos omitir el impacto de Género de la cuestión: ¿Sufren los hombres acoso laboral? Desde luego. ¿Han podido sufrir situaciones similares a las de estas víctimas? Probablemente, pero la cuestión de ser mujer influye y afecta de forma significativa en el problema; más aún si atendemos a los hechos probados de acoso sexual. 

Muchos factores influyen en que el contexto fuera propicio para que esto ocurriera; la falta de un protocolo en cuestiones de acoso, la invisibilización y falta de conocimiento sobre esta problemática, la normalización que el entorno tenía al respecto de la actitud de Santiago Romero.

Esto se observa fácilmente en los propios testimonios de las víctimas, quienes narran que desde los servicios de prevención de riesgos laborales se les decía que sería peor para ellas airear el tema; o cuentan como diferentes personas pertenecientes al mismo departamento les aconsejaban que fueran inteligentes y no se enfrentaran al catedrático. Incluso hay quien se ofreció a acompañar a una de las víctimas a las reuniones en el despacho de Romero, para evitar la ansiedad que a la víctima le producía y lo que allí pudiera pasar…

Son cuestiones que indudablemente, estas personas recomendaban o hacían de buena fé, con la intención de capear un temporal que estaba asumido que así era y así iba a seguir siendo.

Pero son también estas actitudes, las que sin pretenderlo, perpetúan un problema que casi podemos denominar como crónico.

Por otro lado, hay quien desde su profunda convicción apoyaba al condenado, pues incluso en el juicio se aportó una carta de apoyo al catedrático, además de algunos testimonios que hablaron, con todo el derecho del mundo, a favor del acusado.

Personas, que queriendo o sin querer, arropaban a una persona que campaba a sus anchas con total impunidad por pasillos y aulas. 

El acoso en cifras

La profesora Rosa Valls, de la Universidad de Barcelona, y su equipo, vienen desarrollando un estudio llamado «Violencia de Género en las Universidades Españolas». Los primeros datos del mismo nos revelan una realidad en que la violencia, la universidad y las mujeres conforman un complejo polinomio. Una herramienta útil para entender algo mejor este caso.

De las o los participantes del estudio, un 62% afirma haber presenciado o tenido conocimiento de algún caso de violencia machista dentro del ámbito universitario. De esta cifra, un 49% afirmaba haber tenido conocimiento, personal o ajeno, de que las formas de violencia habían sido más de una. Las cifras se disparan al analizar cuantas de las personas objeto de violencia eran mujeres, un 92%.

En cuanto al perfil de la persona agresora, en un 84% se trata de hombres, de los que en un 64% de los casos se trataba de estudiantes, en un 25% de algún profesor y en un 16% las víctimas desconocían al agresor.

La aparente frialdad de los números nunca debe hacernos olvidar que detrás de ellos hay personas. Un 91% de las víctimas afirma que no denunció ni denunciará el hecho. Un 66% opta por comentarlo con alguien.

No podemos olvidar que el estudio se centra específicamente en el ámbito universitario. Por ello, es significativo que el 92% afirmaran desconocer si su universidad disponía de algún servicio en que denunciar estos hechos, y entorno a un 69% manifestaban tener dudas sobre si la universidad apoyaría a las víctimas.

Todas estas cifras, nos pueden ayudar a comprender como es posible que casos como el de Santiago Romero puedan darse en un mundo donde tal vez no se ha logrado conseguir la igualdad que sería deseable en este siglo.

El alto precio de librarse del acoso 

Para las víctimas, han sido años duros, en que han abandonado la vida que llevaban, en que han sentido vergüenza, cuando eso debería haberlo sentido quien las puso en esa situación. Un tiempo en que han recibido apoyo y difamación a partes iguales, un periodo de sus vidas que nadie les devolverá, que ha sido el precio a pagar por plantarse ante una injusticia que no podían seguir permitiendo.

Según información del SAT, no es el único caso de este tipo que se conoce, y lamentablemente tampoco podríamos afirmar que vaya a ser el último; ni siquiera puede garantizarse que no haya mas víctimas en ese mismo departamento, a tenor de lo manifestado en algunas declaraciones y testimonios durante el proceso judicial.

Pero sí es cierto, que a raíz de este caso, han ocurrido cosas reseñables. Se han removido algunas conciencias, se ha puesto de manifiesto la necesidad de crear y mejorar protocolos, y probablemente, al hacerse pública esta historia, muchas mujeres han recibido fuerzas para romper la invisibilidad de un problema que, con datos en la mano, continúa silenciado. 

Estas mujeres, con su valor y el alto precio que han pagado, han logrado que al menos, en ese departamento, a causa de ese profesor, no haya mas víctimas.

Es complicado cuantificar si un alto precio tiene algún tipo de forma de retribución; tal vez, el saber que ninguna otra profesora sufrirá el acoso de Santiago Romero, puede compensar lo que ya difícilmente se les podrá devolver.

Sobre el autor

Mercedes Serrato

Técnica Superior en Integración Social, Graduada en Trabajo Social, Especialista Universitaria en Mediación, Máster Oficial en Género e Igualdad. Actualmente Doctoranda en CC. Sociales; investigadora irremediable, considera la escritura como una gimnasia obligatoria a la vez que placentera.

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