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Alcalá de Guadaíra, de enclave industrial geoestratégico a paradigma de la deslocalización productiva en Andalucía

La depresión económica que vivimos está resultando funcional para la desmantelación ya no solo del Estado del Bienestar que tanto trabajo costó construir y que, aún con sus luces y sus sombras, ha contribuido al acceso a unas condiciones de vida dignas para al menos algunos segmentos de la población. Además, en la actualidad, la instrumentalización de la crisis como elemento legitimador de reformas y transformaciones en el ámbito social, económico y jurídico está contribuyendo a que ésta degrade también los cimientos de la economía de mercado incluso en su vertiente productiva.

La caída en picado de la producción industrial en Andalucía durante los últimos años es manifiesta. Tradicionalmente la industria en Andalucía ha tenido una participación en términos relativos menor a la que se da para el conjunto de España. En 2010, último dato disponible, la participación sectorial de la industria en Andalucía era del 6’22% mientras que en España lo era del 6’8%, en términos territoriales Andalucía aporta al conjunto del país el 13’85% de la producción industrial lo que no se corresponde con su peso en términos de población. En el periodo que va desde el inicio de la crisis y hasta el año 2010 cerraron en Andalucía 4.122 establecimientos industriales es decir, el sector se redujo en la región nada menos que un 11’9% (INE, 2012). En definitiva, de todo lo anterior se desprende que el desmantelamiento de un enclave productivo como es la actividad industrial es evidente en Andalucía con el consiguiente impacto en la destrucción de empleo en un mercado de trabajo ya de por sí subdesarrollado.

Por su parte, la provincia de Sevilla, a pesar de la debilidad industrial de Andalucía se sitúa a la cabeza de la producción industrial de la región con una participación de la industria a nivel sectorial del 6’52% y con un peso territorial del sector del 23’58%. Buena parte de la producción industrial sevillana se concentra en el área metropolitana de la capital y fundamentalmente en el término municipal de Alcalá de Guadaíra. El aprovechamiento de las economías de escala generadas por motivos de cercanía y una tendencia progresiva hacia la articulación vertical entre empresas dedicadas a actividades de naturaleza industrial trajeron consigo que desde la década de los ochenta Alcalá se convirtiese en un núcleo de mayor dinamismo productivo entorno a actividades industriales en un contexto sin una tradición industrial solida previa.

En la actualidad, asistimos al envite de de las flexibilizaciones en materia laboral antes descritas y producidas por las dos últimas reformas laborales aprobadas por los ejecutivos de los dos últimos gobiernos. En este sentido, los Expedientes de Regulación de Empleo de ROCA o Santa Bárbara con impactos directos sobre 228 y 82 trabajadores de las factorías alcalareñas y muchos más de manera indirecta no son más que la continuación de procesos de deslocalización similares a los acontecidos anteriormente en casos como los de Gillete o Flex donde se argumentaron cierres en base a deslocalizaciones más rentables hacia Rusia, Polonia, Turquía o como en el caso de Flex, Portugal. Estos procesos además del desempleo que generan en las propias factorías tienen una incidencia mayor si cabe en el contexto productivo más cercano dado que en la mayoría de los casos se trata de empresas con carácter de enclave en el tejido productivo de proximidad lo que se traduce en una destrucción de empleo y actividad difusa pero más intensa.

Además, en muchos casos, bajo la legitimidad que supuestamente da la mayor capacidad para impactar en el entramado productivo local, no son pocos los ejemplos en los que este tipo de empresas reciben, previamente a su cierre, el apoyo de entes públicos traducido en la concesión de privilegios tales como la creación de infraestructuras de apoyo, el estímulo a actividades paralelas que les facilite el acceso a proveedores en el entorno o incluso la concesión directa de ayudas en forma de subvenciones o créditos a bajo coste. A pesar de estas fórmulas de discriminación positiva el desenlace en todos los casos ha sido el mismo en todas ellas, el posterior cierre con la consiguiente incapacidad para amortizar la inversión realizada con fondos públicos.

En definitiva, la realidad económica, productiva y social actual sugiere, con más intensidad si cabe, la necesidad de que en casos como el de Alcalá de Guadaíra la estrategia de las Administraciones deba dirigirse de forma decidida hacia la defensa directa de la actividad productiva local con el objetivo de evitar su incipiente desmantelamiento. Esta defensa no ha de traducirse, aprendiendo de errores del pasado, en la creación de un entorno “más cómodo” para las grandes empresas localizadas en el municipio dado que estas van a determinar sus decisiones de localización atendiendo a otros criterios de rentabilidad fundamentalmente en el ámbito de los costes variables (mano de obra). Por el contrario, la defensa de los puestos de trabajo, el establecimiento de mecanismos de control más eficaces sobre la actividad empresarial o la intervención pública directa mediante la creación propia de enclaves productivos debe orientar la intervención desde lo público.

En un contexto productivo en el que el “sálvese quien pueda” empieza a oírse cada vez con más fuerza con la consiguiente agresión que conlleva sobre la parte débil de la relación laboral, el factor trabajo, es el momento que desde las distintas Administraciones se actúe en su defensa y desde abajo, desde la ciudadanía, se exija y presione para que así sea.

Alejandro González Rodríguez

Profesor del Departamento Historia y Economía de la Universidad Pablo de Olavide

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