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El guardia civil Antonio Manuel Guerrero, miembro de La Manada /Cedida
El guardia civil Antonio Manuel Guerrero, miembro de La Manada /Cedida
Sevilla

Fiscalía pide prisión para el miembro de La Manada que quiso renovar su pasaporte

La Fiscalía ha solicitado al tribunal que convoque una nueva comparecencia con el miembro de La Manada que el lunes intentó renovar el pasaporte pese a tener prohibido abandonar territorio español. En dicha comparecencia, la Fiscalía solicitará la medida cautelar de ingreso en prisión «ante el riesgo de fuga manifestado por el intento de quebrantamiento de la medida expresamente acordada en el auto de que no podía obtener un nuevo pasaporte en el futuro».

La Fiscalía ha solicitado esta comparecencia tras recibir una comunicación oficial de la Jefatura Superior de Policía en la que informaba del intento del condenado y guardia civil, Antonio Manuel Guerrero, de obtener dicho documento.

Asimismo, el Ministerio Público ha solicitado también a la sala que deduzca testimonio del auto en el que se estableció la medida cautelar de no obtención de nuevo pasaporte y de la comunicación de la Policía informando oficialmente del hecho al juzgado de guardia de Sevilla por si los hechos pudieran ser constitutivos de un posible delito de quebrantamiento de medida cautelar en grado de tentativa.

Antonio Manuel Guerrero es uno de los cinco condenados a nueve años de prisión por abuso sexual con prevalimiento cometido en los Sanfermines de 2016. La semana pasada la Audiencia de Navarra decretó la liberta provisional de los cinco condenados bajo fianza de 6.000 euros y con la prohibición, entre otras medidas cautelares, de salir del territorio nacional.

Fiscalía y Acusación particular recurren el auto de libertad

El Ministerio Fiscal y la acusación particular que representa a la víctima han recurrido el auto de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra, trasladado a las partes el pasado viernes, por el que se dicta la libertad provisional bajo fianza de los cinco miembros de La Manada.

En el auto se establecía un plazo de tres días desde su notificación para que las partes presentaran los recursos. El Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra, que ejercen las acusaciones populares, también anunciaron su intención de recurrir.

Ahora será el mismo tribunal que ha juzgado los hechos y que ha decretado la puesta en libertad de los cinco condenados el que resolverá los recursos presentados.

La fiscal señala que el «riesgo de fuga es más notorio»

La fiscal señala en su recurso contra la libertad provisional de La Manada que el riesgo de fuga «no sólo no ha desaparecido sino que resulta más notorio», ya que «si bien es cierto» que las penas impuestas a los cinco condenados «han sido sensiblemente inferiores a las solicitadas, no es menos cierto que aún no siendo firme, sí pesa ahora sobre ellos una condena de nueve años de prisión, es decir, una pena grave derivada de la comisión de un delito grave».

En su escrito el Ministerio público solicita que se revoque el citado auto y que se vuelva a acordar la prisión provisional de los cinco condenados a nueve años de cárcel por abuso sexual con prevalimiento en los Sanfermines de 2016.

La fiscal señala en su recurso que no invoca la posibilidad de que la sentencia pueda ser finalmente revocada en favor de las acusaciones o de los condenados, sino que se ciñe a «una realidad», es decir, la condena a nueve años de cárcel.

El abogado de la víctima señala que se limitan más sus derechos

De su lado, el abogado de la víctima ha presentado un recurso contra el auto de libertad provisional de los cinco condenados en el que señala que las medidas cautelares impuestas «limitan más derechos a la víctima que a los propios procesados» y solicita al tribunal que dicte la prisión provisional para La Manada.

El letrado señala en su recurso que «el único cambio que se ha producido para tener en cuenta las nuevas circunstancias y la ponderación de los intereses en juego es el hecho de haberse dictado sentencia condenatoria, de forma que los indicios ya son hechos probados, que estos hechos probados son constitutivos de un delito grave, y que la pena impuesta es de nueve años de prisión».

«Sorpresivamente, dicho sea con los debidos respetos, el tribunal, excepto en lo que respecta al voto particular, ha considerado que dicho cambio en el devenir del procedimiento es favorable a la libertad de los procesados».

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