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Aplazado el desahucio de una pareja de Torreblanca

IU en Sevilla ha celebrado el aplazamiento del desahucio de Torreblanca y ha lamentado «la incapacidad de la Oficina Municipal de la Vivienda, que sigue actuando mal y tarde”.

El portavoz municipal de Izquierda Unida en Sevilla, Daniel González Rojas, ha celebrado que el desahucio previsto este viernes de una pareja en la barriada de Torreblanca se haya logrado aplazar finalmente un mes, algo que ha atribuido “a la movilización social”, por lo que “se vuelve a demostrar que la lucha sirve y que queda mucho por hacer para garantizar el derecho a techo en esta ciudad”.

“Si no llega a ser por la respuesta de los vecinos y de los movimientos sociales, el desalojo de Alejandra y Demelsa muy probablemente se hubiera producido”, ha advertido González Rojas, quien ha participado junto a la también concejala de IU, Eva Oliva, y el diputado electo de Unidos Podemos, Miguel Ángel Bustamante, en la concentración convocada a las puertas de la vivienda de las afectadas, situada en la calle Madroño, para intentar frenar el lanzamiento, algo que se ha logrado provisionalmente.

Este aplazamiento permitirá a la pareja empezar a preparar su defensa legal con el objetivo de no terminar en la calle. Y es que, incomprensiblemente, la única notificación recibida por la pareja al respecto fue hace sólo 15 días y en ella se decretaba ya el lanzamiento de la vivienda, por lo que no ha tenido tiempo ni de designar a un abogado, habiendo estado asistida hasta ahora por el Comité René Cassin.

Así, tras mostrar su satisfacción por esta “primera victoria” de la pareja, el portavoz de Izquierda Unida ha lamentado el papel desempeñado ante este drama por la Oficina Municipal del Derecho a la Vivienda, en tanto que este departamento “sigue actuando mal y tarde” y no ha sido capaz de ofrecer una solución habitacional efectiva a estas mujeres, en grave riesgo de exclusión social, tal y como han acreditado los servicios sociales comunitarios. Concretamente, Rojas ha criticado la falta de previsión del Ayuntamiento y, sobre todo, la ausencia de intermediación ante el fondo buitre que ostenta actualmente la titularidad de la vivienda y que es quien ha solicitado el desalojo por impago de Alejandra y Demelsa.

“Se confirma que estamos ante una oficina post-desahucios y no anti-desahucios”, ha denunciado Rojas, quien sostiene que el nombre de este departamento “le queda bastante grande”, ya que en la práctica no garantiza el derecho a la vivienda en Sevilla. “No se trata de buenas intenciones sino de hechos concretos”, ha aseverado el portavoz de IU. Por eso, ha asegurado no entender por qué el Gobierno de Espadas (PSOE) se atreva a “sacar pecho” de su inacción con notas de prensa en las que presume de haber activado un protocolo de emergencia ante desahucios y ofrecido toda la asistencia posible.

Según González Rojas, “la realidad es que la oficina sólo se ha interesado por este caso cuando ha salido en los medios, no antes, y únicamente para trasladarle a la familia que en estos momentos no disponía de ninguna vivienda disponible para ella, por lo que lo más probable es que, en el supuesto de que el lanzamiento se hubiese ejecutado, la pareja habría terminado en el albergue municipal”.

Por su parte, Miguel Ángel Bustamante ha señalado que ésta es una prueba más de que los desahucios no han cesado en el país, sino todo lo contrario, y de que las políticas de recortes y austeridad que se están desarrollando sólo traen crecimiento de la pobreza y de la desigualdad. En este sentido, el diputado recientemente electo de Unidos Podemos ha reafirmado el compromiso de su grupo político con la lucha por el pan, el techo y el trabajo, “en la calle y en la institución”.

“Es inconcebible que una casa como ésta, en las condiciones en que se encuentra, esté en manos de un fondo buitre”, ha indicado Bustamante, quien ha subrayado que el procedimiento de desahucio iniciado supone “una clara violación por parte del poder económico del derecho que todos los españoles tenemos a vivir bajo un techo digno, como establece la Constitución”.

“Hay cargos públicos que estamos con la mayoría social, intentando parar desahucios, y hay otros que, sin embargo, apoyan las leyes que hacen que la gente sufra y que este drama social continúe”, ha sentenciado Bustamante.

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